Secuestrados por el ascensor

Si pudiera caminar, a Antonio Castellanos no le importaría subir los 105 escalones que hay desde la planta baja hasta la octava del edificio de la calle del Castillo de Manzanares, 4, donde vive. Pero no puede, es minusválido.Para no sucumbir al tedio, prefiere llenar las horas vacías recluido en su habitación mirando la televisión y leyendo una y otra vez los pocos periódicos que ha logrado acumular.

Todo empezó el pasado lunes, cuando los dos ascensores del edificio se estropearon y los residentes en el inmueble descubrieron, asombrados, que ya no tenían derecho al mantenimiento sin coste para ellos que prestaba una empresa contratada por el Instituto de Vivienda de Madrid (Ivima), propietario de los pisos.

Un portavoz del Ivima asegura que desde 1997 los vecinos, que viven en régimen de alquiler, conocen por carta la obligación que tienen de convertirse en junta administradora y asumir responsabilidades en el pago del agua, la luz, los grupos de presión y el mantenimiento de los ascensores. Y así ocurrió. Menos con los elevadores.

Por falta de información o por descuido, la junta administradora de Castillo de Manzanares, 4, no tuvo en cuenta el procedimiento a seguir para responsabilizarse de los ascensores.

Ahora, los inquilinos, en su mayoría pensionistas jubilados y algunos muy enfermos, viven una pesadilla. La prueba de ello la exhibe, angustiado, Antonio Castellanos, quien a sus 58 años es inválido y se siente morir. "Con los ascensores hacía el esfuerzo y conseguía ir hasta la calle, vender mi lotería y distraerme un poco, pero ahora ni la luz del día veo porque no puedo asomarme a la ventana", explica.

Y Antonia Marcarina Sanz no se queda atrás. Como puede, con el corazón agitado y casi sin poder respirar, sube y baja todos los días las escaleras porque no soporta la soledad de su casa. Con más de setenta años y unas piernas exageradamente hinchadas, asegura que dentro de poco le será imposible hacer el esfuerzo. En circunstancias similares se encuentra Paloma, de 36 años. Desde que se estropearon los ascensores espera que alguien -no sabe quién- los repare para poder seguir con las terapias que debe recibir cada día a causa de su invalidez.

En realidad, eso es lo mismo que esperan las 80 familias que habitan el edificio. Que alguien se apiade de ellos y termine con la angustia de ver sus casas convertidas en cárceles por "motivos técnicos".

"Si aquí viviéramos sólo jóvenes no pasaría nada, pero habiendo tanta gente mayor se hace insoportable", cuenta una de las inquilinas. "Es como si estuviéramos secuestrados", replica, con cierta ironía, Antonio Castellanos.

Los vecinos se niegan a pagar la reparación hasta que el Ivima asuma su coste. Pero el Ivima contesta que ya no es de su competencia. El drama continúa.