La oposición insiste en que debe investigarse a Piqué

El ministro de Industria, Josep Piqué, sigue en el ojo del huracán. Apenas 24 horas después de entrevistarse en Bruselas con el comisario de la Competencia, Karel van Miert, que echó por tierra la tesis del ministerio de que el dinero pactado para compensar a las eléctricas por la transición a la competencia (1,3 billones) es una indemnización por la apertura del mercado y no ayudas públicas, Piqué tuvo que escuchar de nuevo requerimientos de nuevas explicaciones y peticiones, redobladas, para que se cree una comisión de investigación que examine su gestión en Industria.Nueva Izquierda e Iniciativa per Catalunya-Los Verdes solicitaron ayer una nueva comparecencia de Piqué en el Congreso para que explique su reunión con Van Miert. Ambas formaciones coinciden en que el ministro se ha quedado solo en su defensa de las ayudas a las eléctricas.

Por su parte, el PSOE, a través de su portavoz adjunto en el Congreso, Luis Martínez Noval, insistió en que su formación sigue teniendo "serias dudas" de que la gestión del ministro se ajuste "a los principios éticos más elementales".

Ercros

También IU aludió a la gestión de Piqué y, en concreto, a la información publicada por la revista El Siglo esta semana, en la que se afirma que Ercros -empresa que Piqué presidió hasta su nombramiento como ministro- pagó a la empresa Loreto Consulting, propiedad de Piqué y de su esposa, Margarita Montaner, 115 millones. La portavoz IU, Rosa Aguilar, reiteró la necesidad de crear una comisión de investigación que examine la gestión de Piqué. Sobre la polémica de Ercros, el ministro se limitó señalar que se está utlizando "como elemento de desgaste".Frente a la avalancha de críticas, el titular de Industria defendió que el cálculo de los denominados costes de transición a la competencia (CTC) para el sector eléctrico, que se elevan a 1,3 billones de pesetas, se ha efectuado "con gran rigor".

Van Miert informó el pasado lunes al ministro español que la Comisión Europea considera dichos costes como ayudas públicas y no como una indemnización a las empresas, tal y como pretende el Gobierno. La consideración como ayudas públicas de los CTC implica que la última palabra sobre su cuantía será de la Comisión Europea.

La tesis que defiende Bruselas coincide con la que ha sostenido en los últimos meses la Comisión Eléctrica, organismo encargado de supervisar el mercado eléctrico español, que se opone a la concesión de dichas ayudas, así como al mecanismo denominado titulización, por el que las empresas recibirían por adelantado de los bancos un billón del total de 1,3 pactado con Industria.