El Supremo reclama el 'caso Zamora' para iniciar las investigaciones

El instructor delegado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo para el caso Zamora, José Antonio Martín Pallín, ha incoado diligencias previas al entender que en los hechos hay indicios de prevaricación, cohecho y usurpación de funciones. El magistrado ha dado un plazo de 15 días a los abogados de los querellantes para que comparezcan y ratifiquen la querella, en la que se acusa a ex cargos del PP en la Diputación Provincial de Zamora de cobrar comisiones ilegales por la adjudicación de obras.

El Tribunal Supremo se declaró el pasado 11 de diciembre competente para investigar el caso Zamora y admitió a trámite la querella interpuesta por Blas Fernández Alonso y otros miembros del PSOE de esa ciudad contra antiguos cargos del PP en la Diputación Provincial, como Luis Cid Fontán, presidente entre 1983 y 1992, y los ex vicepresidentes Dionisio García Carrero y José Manuel Peñalosa Ruiz. La competencia se derivaba del hecho de que García Carrero y Peñalosa son ahora, respectivamente, senador y diputado por el propio PP.En un auto dictado ayer, el magistrado instructor, José Antonio Martín Pallín, ha ordenado incoar diligencias previas en el mencionado asunto y reclamar al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León las actuaciones de la causa, que ocupan unos 38.000 folios.

En los razonamientos jurídicos, el instructor señala que los hechos que se describen en la querella del PSOE y en la denuncia del Ministerio Fiscal "pudieran revestir indiciariamente caracteres de un delito de prevaricación, cohecho y usurpación de funciones", que se encuentran entre los comprendidos en el procedimiento abreviado.

Según la denuncia del ministerio fiscal, "bajo la presidencia de Cid Fontán se consolidó un modo de efectuar las correspondientes adjudicaciones de obras y servicios que no sólo no se ajustaba a la legislación vigente, sino que de forma abierta y constante, y, desde luego con indicios de que se actuaba con pleno conocimiento de ello, se prescindía de los trámites legalmente establecidos".

Diligencias previas

El instructor ha ordenado incoar diligencias previas encaminadas a determinar "la comisión de los hechos, las personas que en ellos hayan intervenido, el procedimiento aplicable, así como, en su caso, el órgano competente para el enjuiciamiento de los mismos.Además, Martín Pallín ha ordenado al Tribunal de Castilla y León que emplace a la representación legal de los querellantes para que comparezcan ante él en 15 días a los efectos que prevé la ley.

En cuanto a un escrito presentado el pasado día 19 por la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos relacionados con la Corrupción, más conocida como Fiscalía Anticorrupción, el instructor lo ha aceptado, pero esperará a haber recibido todas las actuaciones que tiene que remitirle el Tribunal de Castilla y León para acordar lo que proceda.

En dicho escrito, la Fiscalía Anticorrupción instaba a llamar a declarar a empresarios zamoranos supuestamente relacionados con la adjudicación irregular de obras.

Sin embargo, el instructor parecer haber considerado prioritario recibir la documentación del caso para conocerlo a fondo antes de tomar ninguna decisión en el procedimiento.

En un reciente informe sobre el caso Zamora dirigido al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, el fiscal jefe Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, propuso que el Tribunal de Castilla y León investigue la contabilidad del PP de Zamora.

Jiménez Villarejo proponía presentar una querella por presunto delito de prevaricación contra dos ex presidentes de la Diputación, Cid Fontán y Antolín Martín.