La Junta pide una investigación sobre la alta mortalidad en la cárcel de Huelva

El consejero de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, Isaías Pérez Saldaña, pidió ayer al director de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, que se investigue lo que está pasando en la cárcel de Huelva, en la que han muerto cerca de diez reclusos desde que se abriera como centro prototipo en 1996. Se calcula que el 80% de los cerca de 1.300 presos son drogodependientes, circunstancia que está detrás de algunas muertes por sobredosis.Pérez Saldaña se quejó también de que, a pesar de que hay un convenio de colaboración en materia penitenciaria entre la Administración central y la autonómica desde 1992, el pasado 10 de diciembre a su departamento se le negó la entrada a la citada cárcel.

El consejero señaló que durante la visita a la macrocárcel onubense con motivo del 50º aniversario de la Declaración de Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 1998, se produjo "un atropello a la Junta", al no permitírsele el acceso a ningún módulo ni tampoco que mantuviera contacto alguno con los presos para conocer su situación. Pérez Saldaña criticó esta falta de transparencia, que contrasta con las facilidades que ofrecen otros centros de máxima seguridad, como el del Puerto de Santamaría. Por su parte, el colectivo de madres de presos anunció movilizaciones por los malos tratos y las condiciones de los enfermos terminales en la prisión.