El "brindis al sol" de la inspección de edificaciones

Las ciudades con historia edificada y aún en pie enorgullecen al ciudadano, dan el disfrute al turista y le vuelven loco al concejal de Urbanismo de turno. El de Sevilla es un caso extremo. Extendida y embellecida de la mano de dos exposiciones internacionales, parte de su centro languidece entre grietas y amenazas de derrumbe. Muchos de los propietarios prefieren que edificio se desplome para poder echar a los inquilinos que allí viven pagando rentas antiguas. Las autoridades municipales encuentran pocas soluciones y la que se les ha ocurrido a los responsables del urbanismo sevillano es la Inspección Técnica de Edificaciones -una versión aplicada a casas de la de los coches-. Aún no está aprobada y desde la oposición no se duda en tildar la medida de "brindis al sol". Desde Izquierda Unida se asegura que el proyecto (que debería haberse discutido en el pasado pleno pero, sorprendentemente, se quedó fuera) carece de cualquier posibilidad de salir adelante, pues, a diferencia de Madrid, el Ayuntamiento de Sevilla no tiene en la actual coyuntura cobertura legal para "obligar" a los propietarios a que entreguen informes periódicos sobre el estado de sus casas. Si se niegan, nada o casi nada podría hoy por hoy obligarles a cumplir las obligaciones estipuladas en la citada Inspección. Con este proyecto, la carga económica de la vigilancia de los edificios de la ciudad caería entonces sobre los propietarios y no el Consistorio. Otro punto a debatir sería la frecuencia con la que los edificios deberían presentar su certificado de buena salud. Los de más de 100 años, cada cinco; entre 50 y 100, cada ocho y los más de diez y menos de 50, cada 10 años. Se ha calculado que el primer análisis de un edificio del centro rondaría un coste cercano al millón de pesetas.