Boliden prevé dificultades si la mina no abre antes de abril, pero garantiza que seguirá en Aznalcóllar
40 tomos de documentación y un sinfín de explicaciones técnicas. Con estas bazas, los propietarios de la explotación minera de Aznalcóllar defendieron ayer su proyecto de reapertura frente a las alegaciones de grupos ecologistas y el rechazo del Patronato de Doñana. Las consultoras contratadas por Boliden insistieron en que sus estudios garantizan la impermeabilidad de la corta abandonada que sustituiría a la balsa de residuos que reventó hace nueve meses y provocó el vertido tóxico. "Espero que se pueda abrir en el primer trimestre de este año", indicó Ola Fagremo, consejero delegado de Boliden Apirsa.
Los propietarios de la mina de Aznalcóllar se emplearon a fondo en la defensa de su proyecto. Un informe que debe pasar en los próximos días la reválida del Instituto Tecnológico Geominero -que se pronunciará sobre la impermeabilidad del nuevo depósito de residuos-, y luego el examen de la Consejería de Medio Ambiente y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. "Si se retrasa la reapertura nos creará dificultades, pero esto no quiere decir que no se vaya a hacer", aseguró Carlos Loring, secretario del consejo de administración de Boliden Apirsa. "Mi opinión personal es que tendremos [en el primer trimestre] los permisos", sostuvo Ola Fagremo. Los directivos de Boliden estuvieron acompañados por representantes de Aurensa y Golder, las dos consultoras que han elaborado el proyecto de reapertura que fue rechazado por el Patronato de Doñana el pasado 12 de enero. Recaredo del Potro, presidente de Aurensa, sostuvo que el proyecto "se ajusta a la legalidad medioambiental" y repasó las "lagunas" que advirtió el Patronato en su dictamen negativo y las objeciones de los grupos ecologistas. "La corta de Aznalcóllar es impermeable, no hay afección posíble al acuífero Nieblas-Posada", sostuvo Del Potro. El presidente de Aurensa subrayó que en el estudio -que le ha costado 350 millones de pesetas a Boliden-, se analizaron cuatro alternativas (los ecologistas reprochaban que se presentó sólo una). La corta abandonada, que ya era usada para almacenar los lodos tóxicos recogidos del Guadiamar, es, según el informe, la única solución válida. Los responsables del proyecto también se reafirmaron en que, con las medidas de sellado propuestas, "se puede descartar cualquier tipo de accidente", en la balsa que se rompió el 25 de abril y que aún contiene el 80% de los lodos tóxicos que almacenaba. Tanto el Patronato como los ecologistas no consideraron que lo reflejado en el proyecto garantizara el aislamiento de los residuos. Sellado de la balsa El presidente de Aurensa desglosó las iniciativas que está llevando a cabo la empresa para sellar la balsa rota. Ya se han cubierto con una capa de aislante el 50% de la balsa, sobre la que se echarán varias capas de arcillas para evitar que el agua de lluvia llegue a los residuos. También se ha instalado pantallas alrededor de la presa para evitar posibles filtraciones al río Agrio y un sistema de bombeo para canalizar el agua a una planta de tratamiento. "No hay riesgo de rotura", insistió Del Potro cuando se le recordó que Boliden achaca el desastre a un movimiento en el subsuelo. Las alegaciones señalaban que el proyecto era incompleto y que no había un estudio conjunto de impacto ambiental. "No hay documentación pendiente", aseguró el presidente de Aurensa, quien informó que ya se había presentado "un texto refundido" de impacto. Loring descartó "una decisión judicial en contra" de Boliden por el vertido pero se negó a detallar a cuánto ascienden los seguros contratados por la empresa. Anunció, eso sí, que la compañía presentará ante el juez un informe para comparar los estudios sobre la estabilidad de la balsa que realizó la firma Intecsa y que luego confirmó Geocisa, con los datos recogidos por Eptisa ( contratada por Boliden), que mostraban que el terreno no era adecuado.
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