El Gobierno de Pujol escapará al control cotidiano del Parlament cinco meses antes de las elecciones

El Gobierno catalán quedará en la práctica fuera del control del Parlament desde cinco meses antes de las elecciones autonómicas. El pleno y las comisiones de la Cámara se reunirán por última vez a finales de mayo. Después, la actividad parlamentaria quedará interrumpida por la campaña de las elecciones municipales y europeas del 13 de junio, tras la cual los diputados empezarán, el 30 de junio, sus vacaciones. El presidente catalán, Jordi Pujol, disolverá el Parlament con toda probabilidad a la vuelta de vacaciones, en septiembre, para que las autonómicas se celebren a finales de octubre o primeros de noviembre, fechas ya anticipadas por el consejero de Presidencia, Xavier Trias.

Los grupos de la oposición, incluido el PP, aliado del Gobierno nacionalista, se muestran convencidos de que uno de los argumentos que aconsejaron a Pujol renunciar a su idea original de adelantar las elecciones al mes de marzo fue precisamente éste: fijando la cita con las urnas en otoño, el Gobierno de CiU quedará fuera del control ordinario y cotidiano del Parlament desde cinco meses antes de la fecha de las elecciones. Pujol ha evitado precisar qué día del próximo otoño serán los comicios. Técnicamente, la cita con las urnas podría demorarse como máximo hasta la primera quincena de diciembre, pero el consejero Xavier Trias ya ha declarado en público que las elecciones se celebrarán a finales de octubre o primeros de noviembre. Como la disolución del Parlament debe hacerse entre 55 y 60 días antes de la fecha de los comicios, Pujol disolvería la Cámara en la primera quincena de septiembre, justo cuando los diputados acabasen de regresar de sus vacaciones estivales, que abarcan los meses de julio y agosto. La combinación de las agendas electorales y parlamentarias comportará, en la práctica, que la actividad cotidiana de la Cámara cese cuando arranque la campaña de las municipales y las europeas, a finales de mayo. Es norma no escrita, pero comúnmente aceptada por todos los partidos, suspender la actividad legislativa durante todas las campañas electorales. Desde ese momento y durante el casi medio año que restará para los comicios autonómicos -quizá con la excepción de las últimas dos semanas de junio-, el Gobierno de Jordi Pujol escapará a la tarea fiscalizadora cotidiana del Parlament. Catástrofes o urgencias Durante los dos meses de vacaciones parlamentarias y los dos meses que mediarán entre la disolución de la Cámara y las elecciones, los poderes del Parlament serán velados por su Diputación Permanente, integrada por 23 diputados respetando las mismas proporciones políticas que rigen en el pleno. Este organismo está facultado para convocar el pleno del Parlament, siempre que así lo acuerden sus miembros por mayoría absoluta. Normalmente, esto sólo sucede como consecuencia de catástrofes públicas o necesidades presupuestarias urgentes de gran incidencia social. Así ocurrió, por ejemplo, a raíz de los incendios forestales del verano pasado. La Diputación Permanente, pues, no convocaría al Parlament, por ejemplo, para que la oposición interpelase o interrogase al presidente catalán o a cualquiera de sus consejeros a propósito de la acción ordinaria del Gobierno. Para corregir esta situación, el grupo parlamentario socialista estudia solicitar a la Mesa del Parlament que recorte este año y de forma excepcional las vacaciones de verano declarando el mes de julio hábil a todos los efectos. El portavoz del PSC en la Cámara, Higini Clotas, confirmó ayer este propósito y anunció que próximamente lo expondrán a los demás grupos parlamentarios en busca de consenso. Pero para que esta iniciativa salga adelante, los socialistas necesitan de forma inexcusable el apoyo de todos los grupos de la oposición, incluido el del Partido Popular, merced a cuyo respaldo Pujol ha podido gobernar sin contratiempos de envergadura durante la actual legislatura. El jefe de filas del grupo parlamentario del PP, Josep Curto, considera que este factor no fue ajeno a la decisión del presidente de la Generalitat de celebrar las elecciones autonómicas en otoño y no en primavera. Pese a ello, Curto descartó ayer en declaraciones a este diario que su grupo vaya a apoyar la idea del PSC de declarar el mes de julio como tiempo parlamentario hábil. Curto admitió que la combinación de las agendas electorales y parlamentarias favorece los intereses del Gobierno nacionalista, pero subrayó que todo es escrupulosamente reglamentario. El portavoz del grupo de Convergència i Unió, Ramon Camp, consideró ridícula la propuesta de los socialistas y vaticinó que, si llegan a plantearla formalmente a la Mesa de la Cámara, perderán la votación. Camp se mostró convencido de que CiU contará en este asunto al menos con el respaldo del Partido Popular.

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