Ecologistas en Acción pedirá al juez que precinte e impida la utilización del telesilla ilegal de Navacerrada

Los ecologistas madrileños quieren que el Gobierno regional (PP) pague por su error, y pedirán al juez de Colmenar Viejo que precinte e impida la utilización del telesilla de Navacerrada. Esta moderna instalación para facilitar el esquí en Madrid, que ha costado 400 millones de pesetas, se construyó sin la licencia municipal de Cercedilla (en cuyo término está situada parte de las instalaciones) y sin pasar el trámite de información pública que, según la ley, es preciso cuando se trata de hacer obras en suelo no urbanizable. Este error fue destapado por el grupo Ecologistas en Acción, que aportó como prueba una copia del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del pasado 29 de diciembre, en el que la Consejería de Obras sacaba a información pública la obra cuando ésta había finalizado."Si cumplen los trámites, tendrán que esperar hasta marzo para iniciar las obras. Pero el pasado jueves las inauguraron", explicó ayer Santiago Martín Barajas, portavoz de Ecologistas en Acción. Los ecologistas también solicitarán al juzgado de Colmenar Viejo que depure las responsabilidades sobre unas obras "que han causado un fuerte impacto" en una zona protegida de la región. Estas obras, que incluyen un refugio con restaurante para los montañeros, fueron el motivo del enfrentamiento en los tribunales entre el fiscal de Medio Ambiente, Emilio Valerio, y los órganos de la Comunidad.

En julio, el fiscal presentó una denuncia criminal contra la viceconsejera de Medio Ambiente, Silvia Enseñat, por autorizar unas obras en una zona donde no están permitidas. El juez archivó el caso por entender que el refugio se estaba construyendo en un suelo situado fuera, por ocho metros, del parque regional. Enseñat optó entonces por presentar una querella contra el fiscal por denuncia falsa.

Ecologistas en Acción también consideró ayer "un auténtico escándalo" la actitud del Gobierno regional de negar la información que ha solicitado el fiscal de Medio Ambiente. "Dicha información no puede denegarse por la ley de libre acceso a la información ambiental".