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Editorial:

Niños desasistidos

LA FISCALÍA de Madrid ha demostrado estar a la altura de lo que se espera del ministerio público en una sociedad democrática al intervenir en defensa del derecho de 12 niños hijos de inmigrantes ilegales a recibir asistencia sanitaria en los centros del Insalud. La denuncia presta y terminante de la vulneración de derechos en casos concretos, más que la defensa de la legalidad en abstracto, es el rasgo que debe definir al ministerio público de nuestros días. La actuación de la fiscalía madrileña marca el buen camino.La atención sanitaria a los menores es una obligación establecida por ley en nuestro país con carácter universal, al margen de las condiciones de residencia de sus padres, de si tienen sus documentos en regla o si están dados de alta en la Seguridad Social. Así lo ha reconocido el propio Insalud, cuyo responsable en Madrid ha anunciado el envío inmediato de una carta a los directores de los centros sanitarios recordándoles la obligación legal de prestar asistencia sanitaria a todos los niños, al margen de la situación legal de los padres.

De esta forma, la denuncia ha logrado al menos un primer efecto positivo de carácter general. Pero sería del todo hipócrita reducir el problema a los 12 casos denunciados o a la red hospitalaria de Madrid. El rechazo a los hijos de los ilegales en los hospitales públicos no es una excepción, sino una práctica común cuando padecen enfermedades que exigen tratamientos prolongados. Así lo han reconocido médicos de la red asistencial municipal de Madrid, que es donde desembocan muchos inmigrantes ilegales, después de haber sido rechazados en centros del Insalud.

Un inmigrante ilegal es, por lo común, una persona atemorizada ante cualquier instancia burocrática que exija documentos personales, en la mayoría de los casos desconoce sus derechos y casi siempre carece de recursos para hacer frente a cualquier quebranto, mucho más si necesita atención médica. De ahí que su instinto le lleve a huir de cualquier consulta en la que le exijan papeles, por mucho que le ampare el derecho en el caso de sus hijos menores. Y esto es lo que está ocurriendo de forma generalizada. Los 12 casos denunciados son apenas una mínima muestra de un problema mucho más extendido y que roza directamente el territorio del delito, al menos en el caso del niño que por falta de atención médica "corre serio peligro", según el escrito del fiscal.

El responsable del Insalud en Madrid se ha mostrado sorprendido por la denuncia y asegura desconocer que en los centros de la red sanitaria pública se produjeran comportamientos que violan la ley. Pero, además de redactar una circular, sería aconsejable que investigara los hechos denunciados y, sobre todo, el origen de una práctica tan extendida como afirman los médicos municipales. ¿O es que son los médicos, a título individual, los que han decidido proteger las arcas del Insalud al punto de rechazar a los niños sin documentos? Proteger la cuenta de resultados a todo trance puede producir a veces estas aberraciones.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 22 de enero de 1999