El fiscal pide que se juzgue al portavoz del PP de Alicante

El contrato, aprobado por la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante, se revocó una semana después tras la polémica política que desató el caso. Sin embargo, el asunto acabó en el Juzgado de Instrucción número 2 de Alicante, que decidió finalmente archivar el caso contra el edil y portavoz del PP, Pedro Romero. La juez argumentó que no había quedado acreditado que entre el portavoz del PP y el propietario del local, el citado ginecólogo, existiera una amistad más intensa de la que se deriva de haberse encontrado en "una ciudad pequeña", por lo que no apreciaba indicios de un supuesto delito de tráfico de influencias. La juez, sin embargo, afirmaba en el mismo auto que el concejal ofició el matrimonio del ginecólogo, y este último asistió el parto de la mujer del edil. En el escrito de apelación contra esa resolución, que deberá resolver la Audiencia de Alicante, el fiscal pide que se abra el llamado procedimiento abreviado contra el edil y también el ginecólogo. La sección tercera de la Audiencia tiene ahora tres alternativas: hacer suyos los argumentos de la juez y archivar definitivamente el caso, aceptar la petición de Fiscalía y abrir directamente procedimiento abreviado, o pedir al juzgado que complete la instrucción con nuevas diligencias. El fiscal jefe, José Antonio Romero, expresó ayer su malestar con el grupo municipal de Esquerra Unida (EU), formación que, aseguró, le "insultó" cuando le tachó de ser el "concejal número 15 del PP". Para el titular de la Fiscalía, el recurso que presentará ahora al auto que exculpa al portavoz del PP "demuestra que EU se equivocó" cuando le acusó de parcialidad en la investigación del caso. "Mis ideas políticas las dejo en la puerta del despacho", proclamó el fiscal jefe. La noticia cayó como un jarro de agua fría en las filas del PP. Tanto el presidente regional, Eduardo Zaplana, como el alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, se precipitaron el miércoles -día en que se conoció que la juez de Instrucción archivó la denuncia- en sus críticas a la oposición por "judicializar" la política municipal. Ninguno de los dos tuvo la precaución de aguardar a que el fallo fuera firme, y ayer pagaron las consecuencias tras la inesperada resolución del ministerio fiscal. Ambos declararon que las querellas y denuncias presentadas contra miembros del PP local, "todas ellas sobreseídas por los jueces", dañan y desprestigian la imagen de la ciudad. Eduardo Zaplana, que consideró el sobreseimiento como una "buena noticia" para el PP, censuró la "instrumentalización política" que la oposición hace de la Administración de justicia, y aseguró que estas denuncias "han creado perjuicios a las instituciones, a los políticos y a la propia ciudad de Alicante". Por su parte, para el alcalde de la ciudad quedaba demostrado que Alicante tiene "una oposición deprimente, que desde el tercer mes de mandato se ha dedicado a judicializar la vida municipal, pero no le ha salido bien ni uno sólo de los casos denunciados". En su opinión, los ediles de la oposición intentan trasladar a la calle un ambiente de inseguridad y escándalo permanente, "todo inventado", y han conseguido "desprestigiar" a la ciudad y sus instituciones. "Me avergüenzo de esta oposición", dijo Díaz Alperi, "que una tras otra pierde en el juzgado pero utiliza lo de "calumnia, que algo queda" como único trabajo". Con el auto que archivaba la denuncia contra Pedro Romero se demostraba, según el alcalde, que desde la izquierda se había exagerado un asunto del alquiler y sembrado un escándalo que no existía. "Que quede claro que esta oposición, sobre todo EU, no se la merece la ciudad. No hay derecho a que cobren del erario público y lo único que hagan sea ensombrecer y denigrar a la ciudad", concluyó. EU pide una rectificación El portavoz de EU, José Luis Romero, pidió ayer una rectificación a Eduardo Zaplana y dijo que el presidente de la Generalitat tendrá que meter ahora al fiscal en el mismo saco de los que, según él, judicializan la política municipal. Este proceso se inició el pasado mes de agosto, cuando la Fiscalía decidió de oficio investigar el caso del alquiler. Antes de que el ministerio público resolviera, un militante de EU, Pedro Rodríguez Irrisarri, presentó denuncia en el juzgado, hecho que paralizó las indagaciones de oficio del fiscal jefe y puso el caso directamente en manos de los jueces.