Los socialistas acusan al Ayuntamiento de eludir su culpa en el "caso Bazar España"

Carmelo Gómez, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla, denunció ayer un intento "sistemático" y "descarado" por parte del equipo de gobierno de ocultar que la mitad de los terrenos del Bazar España -bajo cuya fachada murieron cinco personas- es de propiedad municipal, con el objetivo de eludir cualquier responsabilidad política o penal. Los socialistas han elaborado un informe sobre el accidente -cargado de datos sobre el supuesto intento de ocultación-, en el que se justifica la petición de una comisión municipal de investigación para determinar posibles responsabilidades. Izquierda Unida va a apoyar la comisión en el pleno del próximo 28 de enero. Gómez mantuvo que tanto la alcaldesa, la popular Soledad Becerril, como su delegado de Urbanismo, Mariano Pérez de Ayala, "han intentado no admitir que la mitad del solar pertenecía al municipio. Hay documentos que demuestran que desde el 31 de diciembre [el día de la tragedia], la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) ha estado intentando que no se reconozca que parte del terreno era de su propiedad". El portavoz del PSOE subrayó que en los primeros informes de la GMU sobre la situación del solar se subraya que la propiedad correspondía a Inmobiliaria Osuna. Lo único que se admite es que parte del terreno está "destinada a suelo de cesión al municipio para equipamiento". Además, el documento entregado a la prensa el 4 de diciembre, cuatro días después del siniestro, dice en su última línea: "La propiedad corresponde a Inmobiliaria Osuna S L, con domicilio en la plaza de Cuba, 5". Estos datos contrastan con las afirmaciones de Becerril de que desde el primer momento se hizo público que parte de la finca era del Ayuntamiento. La primera información sobre este particular fue facilitada por el Colegio de Arquitectos, a la vista de varios escritos facilitados por la constructora. La GMU, en su decreto de demolición de lo que quedaba en pie del muro, fechado el 5 de enero, subraya que las obras deberían comenzar de forma inmediata y que en caso de incumplimiento habría un apercibimiento a la propiedad. El mismo escrito insiste en su tercer punto: "[Corresponde] imputar al propietario del inmueble las responsabilidades de todo orden que pudieran derivarse por negligencia en los deberes de conservación que le corresponden". Es decir, la GMU se advierte y se imputa a sí misma, porque lo máximo que se reconoce, una vez más, es la "cesión municipal" de los terrenos. El decreto ordenaba a Osuna demoler todo el muro, incluido el que cerraba la parte municipal, a lo que la inmobiliaria se negó. En sus alegaciones a esta instrucción, de 8 de enero, la constructora se niega a poner los medios para eliminar la parte en pie de la fachada que cerraba la parcela de la GMU. Así las cosas, Urbanismo resolvió encargar a la empresa Tubecon "la ejecución subsidiaria de las obras en la parte de parcela de cesión municipal". "Si durante ocho días no se admite la propiedad, esto sólo quiere decir dos cosas: hubo una negligencia de la GMU y nadie se enteró de que parte era municipal o, lo más probable, ha habido un intento descarado de ocultar a la oposición y a la opinión pública de que la propiedad era del Ayuntamiento y, por tanto, también es responsable", subrayó Carmelo Gómez.