Disparates en el campusFRANCESC DE CARRERAS

En los días pasados, hemos tenido malas noticias del campus de la Universidad Autónoma de Barcelona, en Bellaterra. Cuando la universidad aparece como noticia en los periódicos, nunca es para que los ciudadanos conozcan todo lo positivo que ahí se hace, sino en general por incidentes espectaculares y desagradables. En pocos días sucedieron en Bellaterra una serie encadenada de disparates que no benefician ni a la convivencia social ni a la confianza que los ciudadanos deben depositar en las instituciones universitarias. La universidad en que sucedieron estos hechos encabeza, junto con su homóloga madrileña y desde hace muchos años, el ranking de universidades españolas en cuanto a actividad investigadora y ocupa también, en este aspecto, uno de los primeros lugares de Europa. Todo ello es desconocido, desgraciadamente, porque no se explica, y sí aparecen, en cambio, noticias como las que pasamos a comentar. El primer disparate no es, ciertamente, imputable a la universidad, sino que corrió a cargo de las autoridades gubernativas responsables de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El ministro Mayor Oreja, en su intervención parlamentaria relativa a estos hechos, describió la responsabilidad de los mandos policiales catalanes con palabras aparentemente suaves pero que encierran una gran dureza: "Falta de previsión", dijo el ministro. Para una policía no puede haber mayor demostración de incompetencia: los llamados servicios del orden no están para reprimir, sino para prevenir. Que sólo 200 o 300 estudiantes obliguen a la policía a realizar cargas violentas y disparar balas de goma es un grave error de previsión ante un acto previamente anunciado. La culpa no es de los policías actuantes en el campus, sino de quienes se encargaron de preparar y planificar la visita del presidente del Gobierno. Quizá la delegada del Gobierno no debe dimitir, pero debe encontrar, en todo caso, un responsable de tal imprevisión entre sus subordinados porque lo que es indudable es que ahí alguien falló. Y en política los fallos, sobre todo cuando son tan a la vista del público, se pagan. Pero los errores de las autoridades gubernativas no acaban ahí. En las horas y días siguientes, como contestación a las protestas por lo sucedido en el campus, los responsables gubernativos -tanto los locales como el ministro del Interior en el Congreso- criminalizaron, sin justificación alguna y de forma generalizada, a independentistas, okupas y radicales. Si una persona concreta ha cometido un delito, se le debe perseguir y castigar; pero cualquier acusación genérica contra un colectivo de personas, con el único argumento en contra de tener unas determinadas ideas, es un atentado al concepto democrático de libertad y entra en contradicción absoluta con los principios de nuestro Estado constitucional de derecho. Pero la segunda parte de este disparatado asunto lo ofrece el claustro de la Universidad Autónoma el lunes siguiente, claustro que preside el rector de la universidad y que está compuesto a partes desiguales por profesores, alumnos y personal administrativo y de servicios. Si lo primero desprestigiaba a la policía, esto segundo desprestigia a una institución pública que es ante todo un lugar de libertad y de razón, los dos grandes valores del mundo contemporáneo. Y ambas -libertad y razón- salieron malparadas de este desgraciado claustro. Los claustrales no pudieron expresarse con libertad porque las condiciones de la reunión no ofrecían las mínimas garantías para tal cometido: la precipitada convocatoria de fin de semana dificultó la asistencia de muchos de sus miembros, las votaciones se realizaron a mano alzada, el recinto se dejó ocupar por estudiantes no pertenecientes al claustro que ejercían una coacción continua, mediante gritos y abucheos, sobre quienes no opinaban como ellos. Las condiciones para exponer argumentos y contraargumentos ante unas complejas propuestas de votación brillaron ciertamente por su ausencia. Todo ello, ante la mirada complaciente y quizá cómplice de una presidencia débil y demagógica que, en lugar de amparar a las minorías y garantizar una libertad sin coacciones, sólo teme a los que más gritan. Pero también el claustro constituyó un atentado a la razón y al conocimiento, por paradójico que parezca dado el lugar donde se realizaban los hechos. En este sentido, las resoluciones del claustro son impropias de un espacio dedicado, al menos teóricamente, al saber y al pensar. El declarar persona non grata a alguien -aun sin tener, en derecho interno, valor jurídico alguno, sino simplemente siendo la expresión de un mero rechazo moral- es algo que debe hacerse en casos extremos, en los que se quiere llegar hasta el límite, ya que en sí misma tal declaración expresa un alto grado de intolerancia: todas las personas deben, en principio, poder ser recibidas en un campus universitario, que es un espacio libre especialmente dedicado al diálogo y a la controversia. Pedir la dimisión de los responsables de la carga policial del jueves anterior e incluso personalizarla en la delegada del Gobierno como más alta responsable de las fuerzas policiales es algo que entra dentro de lo razonable. Declararla persona non grata es algo totalmente desproporcionado. Ahora bien, otorgar la misma categoría de persona non grata al presidente del Gobierno y a las fuerzas de policía es ya un despropósito de tal magnitud que atenta a los fundamentos de una mínima razonabilidad. Porque, ¿qué tiene que ver con lo sucedido el presidente del Gobierno? ¿No constituye todo ello la simple utilización del teórico órgano máximo de la universidad para expresar un rechazo político puramente partidista sin ninguna conexión con los hechos? ¿Cómo se puede mostrar tanta ligereza en tomar una resolución como ésta respecto a una persona que ha sido votada por cientos de miles de catalanes y millones de españoles? ¿También se declarará, con este antecedente, persona non grata al presidente de la Generalitat, sea quien sea, cuando los Mossos d"Esquadra realicen actos semejantes en cualquier campus universitario? Y respecto a la policía, ¿es razonable que por los desmanes y errores de unos pocos policías mal dirigidos la culpa se haga recaer en todo ese cuerpo de seguridad? ¿Se opondrá, a partir de ahora, el rector de la universidad a que cualquier policía entre en el campus, ya que a ello le obliga moralmente la resolución de declararlos personas non gratas? Todo ello es, simplemente, disparatado, sin que tenga espacio para contar otros detalles, como es la ignorancia jurídica que supone haber tomado un acuerdo que faculta al rector para plantear una extravagante e imposible consulta al Tribunal Constitucional. La dignidad de la universidad está basada en preservar su condición de lugar dedicado a la búsqueda de la verdad de acuerdo con métodos basados en la razón, el conocimiento y la libre opinión. Cuando todo ello falla -y todo ello ha fallado- se llega al ridículo. Y como creo que decía Tarradellas, en política -y en la vida, añadiría yo- se puede hacer todo menos el ridículo. A él llegó, sin embargo, el lunes pasado el claustro de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Francesc de Carreras es catedrático de la UAB.