El organismo fiscalizador de la UE aprecia deficiencias en las cuentas de 1997 de la Agencia Europea de Salud Laboral

El Tribunal de Cuentas comunitario ha apreciado deficiencias en la contabilidad de 1997 de la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, con sede en Bilbao. Varios miembros del tribunal visitaron la agencia el pasado mes de abril para realizar una auditoría cuyas conclusiones son claras. El organismo fiscalizador europeo, que preside Bernhard Friedmann, recalca que durante 1997 "no se ha llevado contabilidad general alguna", que el contable no fue contratado hasta 1997 y que su informe tuvo que rectificarse tras las comprobaciones del tribunal. Además, critica que "la contabilidad presupuestaria continúa llevándose mediante una hoja de cálculo" y no de forma informatizada. El informe del Tribunal de Cuentas correspondiente a 1996 ya emplazó a la agencia a mejorar su contabilidad presupuestaria, algo que la entidad comunitaria no ha realizado, según constata el organismo europeo en su informe del pasado mes de noviembre y publicado recientemente en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. La auditoría del ejercicio 1997 constata que la agencia no ha liquidado los anticipos regularmente, como debiera haberse hecho, sino en bloque "por un importe total de 1,1 millones de ecus [183,7 millones de pesetas], si bien el límite de la administración estaba fijado en 25.000 ecus [4.175.000 pesetas]". El Tribunal de Cuentas destaca también que la Agencia europea de Salud Laboral recurrió a "contratación directa y licitaciones restringidas" de contratistas y le emplaza a realizar una nueva selección mediante licitación pública. "La agencia ha tomado las medidas necesarias para actuar sobre las recomendaciones del Tribunal de Cuentas", aseguró a este periódico un portavoz este organismo comunitario, que vela por la seguridad laboral y que dirige Hans-Horst Konkolewsky. "Se están llevando a cabo acciones apropiadas para desarrollar un sistema de contabilidad integrado y la adopción de normativas para la selección de contratos", añadió. La Unión Europea, el Gobierno vasco y la Diputación vizcaína sufragan las actividades de esta oficina comunitaria, que se inauguró en Bilbao hace dos años. En 1998, las instituciones vascas aportaron 35 millones de pesetas de los casi 952 millones de pesetas que tuvo de presupuesto la Agencia de Salud Laboral.