La juez archiva la denuncia contra el portavoz del PP en Alicante

No existe prueba alguna de la comisión de los delitos de tráfico de influencias y fraude o exacción ilegal imputados al portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Alicante, Pedro Romero Ponce, y al ginecólogo José Jesús López Gálvez. Así lo ha dispuesto la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Alicante, María de Hoyos Flórez, en un auto que ayer fue trasladado al fiscal. Romero acogió con "satisfacción" y "cautela" la resolución judicial, ya que el fallo es provisional y cabe recurso. El fiscal jefe de la Audiencia, José Antonio Romero, declaró que sólo el Ministerio Público puede apelar, ya que el denunciante, Pedro Rodríguez Irrisarri, militante de Esquerra Unida, no está personado en el proceso. "Lo prudente por mi parte es volver a estudiar el caso antes de tomar una decisión", comentó. Los grupos de la oposición municipal expresaron "respeto" a la decisión judicial, aunque insistieron en denunciar la "responsabilidad política" del concejal del PP, quien, con dinero público, tramitó el alquiler de un local a un conocido suyo a un precio sensiblemente superior al que informaron los técnicos municipales. La portavoz socialista, María Ángeles Palmer, subrayó que el expediente de alquiler tiene irregularidades administrativas. Para el concejal de Esquerra Unida, José Luis Romero, el auto pasa por alto que el amigo de Pedro Romero adquirió el local después de conocer que el Ayuntamiento tenía interés en alquilarlo, e ignora que se firmara un precontrato y se realizaran reformas en el inmueble antes del anuncio de licitación. Según la juez, no ha quedado acreditado que entre el portavoz del PP y el propietario de local existiera amistad más intensa de la que se deriva de haberse encontrado en "una ciudad pequeña" con motivo del cargo de uno y de la profesión del otro. Cierto es, dice la juez, que Romero, en su calidad de concejal, ofició el matrimonio de López Gálvez y que éste asistió el parto de la mujer del portavoz municipal del PP, pero "nunca se ha probado una amistad en el sentido y significado estricto de tal expresión". La continuidad del político en el cargo público dependía de la resolución judicial de este caso, según anunció la dirección regional del PP.