Dónde, cómo y cuándo pujar
La publicidad no simplifica la tan inevitable como farragosa burocracia, pero intentar comprar un piso o un turismo a buen precio no es tan difícil. Cualquier interesado en concurrir en las subastas judiciales debe informarse de los bienes a disposición de los litigantes en el servicio de información del decanato de los juzgados. A partir de ahí, una vez localizado el objeto apetecido, el aspirante a subastero debe preguntar en el mismo decanato por el número de expediente de la subasta, dato imprescindible para hacer el desembolso que concede el derecho a participar en el concurso: el 20% del precio por el que sale a subasta el bien, a abonar en una cuenta bancaria. En las dos primeras subastas no se permite presentar ofertas por debajo del precio mínimo. En la tercera, inevitable si en las anteriores no ha habido puja, la postura es libre. A partir de ahí, el ganador del concurso tiene nueve días para ingresar el dinero y registrar a su nombre el bien comprado. Ahora bien, el decanato recomienda a los potenciales compradores que comprueben en los expedientes judiciales o en los registros de la propiedad que los bienes subastados no soportan ninguna otra hipóteca.
A la caza del cuervo
El cuervo no es sólo un ave directamente relacionada con la mala suerte por la sabiduría popular. La jerga judicial, tanta veces incomprensible, ha contribuido, de manera modesta, a reforzar las connotaciones de carácter peyorativo que invoca el nombre de este animal, utilizado para definir a esa treintena de hombres que, aprovechando la falta de información de la mayoría de ciudadanos, la necesidad de un capital mínimo y, en muchas ocasiones, recurriendo a la coacción y las amenazas, han copado la compra de los bienes sacados a subasta en los juzgados de Valencia. Un negocio redondo para los cuervos urbanos, sin duda, de vida mucho más fácil que la que tienen los pájaros carnívoros de los que han tomado el nombre. Con el fin de acabar con este monopolio de hecho -que enriquece a los especialistas en subastas y empobrece a las personas cuyos bienes son sacados a concurso- el decanato de los Juzgados ha creado la sala única de subastas judiciales de Valencia, un espacio físico concreto acompañado de un sistema de información global que pretende, con la única arma de la transparencia y la información, acabar con los grupúsculos que dominan, desde hace años, las subastas. La idea central del proyecto es clara: "Donde hay publicidad, hay transparencia y lo más importante, hay concurrencia", dice Fernando de Rosa, decano de los jueces de Valencia. Así, el objetivo de la iniciativa del decano pasa por trasladar al ciudadano la existencia de las subastas judiciales, concursos de carácter público en los que cualquier ciudadano tiene el derecho de pujar, habitualmente a precios más que atractivos, por los bienes con los que algún deudor, tras el preceptivo pronunciamiento judicial, hace frente a sus compromisos. Realidad compleja La teoría parece simple. Como casi siempre, la realidad es mucho más compleja. De hecho, la escasa información aportada respecto a las subastas -anunciadas en los tablones oficiales de los juzgados o en los boletines oficiales de la Generalitat o la Diputación- ha alejado al común de los ciudadanos de ellas. Es francamente difícil saber cuándo el piso ubicado en un municipio atractivo, el automóvil casi nuevo o un terreno (por citar los bienes más frecuentemente subastados) interesante sale a concurso con un precio, al menos al principio, asequible. Durante el próximo trimestre los diversos juzgados de Valencia pondrán en liza un total de 63 bienes (entre ellos, 11 pisos, 12 terrenos no urbanizables o 14 automóviles) valorados, inicialmente, en 160 millones de pesetas. La consecuencia de esta involuntaria opacidad es clara: desde hace años, un grupo de privilegiados monopoliza la compra de los bienes embargados por orden judicial, que son vendidos para satisfacer las deudas contraídas por sus anteriores propietarios. La ausencia de competencia abarata los objetos en liza de manera notable, lo que conlleva varios efectos indeseables: el deudor obtiene menos dinero del que un concurso abierto le proporcionaría; en ocasiones, el acreedor no consigue ver reparada su deuda, y, en último término, los cuervos, que están organizados, se enriquecen mediante sus compras a precio de ganga y sus ventas conforme a los parámetros del mercado. Para intentar cambiar el estado de las cosas de Fernando de Rosa ha creado la oficina única de subastas judiciales. Ocho juzgados de Valencia celebrarán, a partir del lunes, todas las subastas en un espacio único. La habilitación de un recinto dedicado exclusivamente a este menester ha sido bien recibida por los secretarios de algunas instancias. Ese es el caso de Pilar Herranz, responsable del Juzgado de Primera Instancia (los encargados de los pleitos civiles) número 2. "La creación de la oficina facilitará que los únicos presentes en las subastas no sean los de siempre, lo que, indudablemente, beneficiará a los ciudadanos". José Ramón González, secretario del Juzgado de Primera Instancia número 10, califica de "positiva" la iniciativa del decanato, pero su muestra esceptico sobre los resultados finales. "Al final, el ciudadano siempre necesitará el asesoramiento de algún experto para ver si el terreno en venta le interesa y consultar los registros de la propiedad para descartar que soporte alguna carga hipotecaria". De todas formas, añade González, "el sistema de información creado ayudará a abrir las subastas, a las que casi siempre asiste, en solitario, un grupo de cinco o seis personas" que representa a los cerca de 30 cuervos que copan los bienes que salen a concurso. Este secretario judicial es uno de los 15 que han optado por no celebrar las subastas de su juzgado en la sala única.
