El Patronato de Doñana se opone a la reapertura de las minas de Aznalcóllar

El Patronato del Parque Nacional de Doñana se pronunció ayer por unanimidad en contra del proyecto de reapertura de las minas de Aznalcóllar (Sevilla), cerradas desde el vertido tóxico del 25 de abril, porque la documentación presentada por la propietaria de la explotación, Boliden Apirsa, presenta carencias en aspectos "imprescindibles para garantizar la seguridad medioambiental". La ministra de Medio Ambiente y presidenta del Patronato, Isabel Tocino, explicó que el proyecto de la empresa "no garantiza que no pueda haber un accidente similar en el futuro".

El Patronato se reunió en El Acebuche, en pleno Doñana y junto a El Rocío (Almonte, Huelva), para analizar dos informes elaborados por el director-conservador del parque nacional, Alberto Ruiz de Larramendi. El dictamen de este organismo es preceptivo, pero no vinculante, ya que los informes clave son los que deben presentar el Instituto Tecnológico y Geominero, y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, dependientes del Gobierno.No obstante, la decisión final sobre la mina está en manos de la Junta andaluza, que tiene transferidas las competencias sobre minería desde 1982. Los estudios se han hecho tras el análisis del proyecto presentado por Boliden en la Consejería de Industria para pedir la reapertura.

Los informes sometidos ayer a discusión y aprobados por unanimidad se refieren a la propuesta de utilización de la corta (mina a cielo abierto) abandonada de Aznalcóllar como nuevo depósito de residuos para reiniciar la explotación en la corta Los Frailes -ambas explotaciones distan menos de un kilómetro- y al sellado total de la balsa siniestrada. Ésta alberga aún el 80% de las aguas y lodos tóxicos que contenía antes de la rotura.

El informe sobre el uso de la vieja corta -medio llena, a su vez, con los lodos del vertido recogidos del río Guadiamar- reconoce que el Patronato del Parque "es partidario del pronto restablecimiento de la actividad" en la mina por su importancia "para amplios sectores sociales y la economía productiva de la zona".

Sin embargo, Ruiz de Larramendi ha emitido un informe desfavorable a la reapertura por un amplio catálogo de objeciones y por "el carácter potencialmente peligroso que plantean las actividades propuestas para la integridad de los ecosistemas del Parque Nacional".

Los miembros del patronato -Ministerio de Medio Ambiente, Junta, alcaldes de la zona y ecologistas, entre otros- suscribieron esta negativa al entender que en la documentación presentada por Boliden "no se asegura la impermeabilidad de la corta respecto al acuífero subterráneo"; falta información sobre "aspectos fundamentales para la seguridad ambiental de la zona y aguas subterráneas y superficiales" y no aparece un "plan de gestión de emergencias y catástrofes" contra sucesos como la rotura de la balsa.

La ministra subrayó que la documentación de Boliden es "confusa y contradictoria en ocasiones" e "insuficiente para evaluar las consecuencias de la reapertura" por falta de informes "imprescindibles". Entre estos últimos se reclama un informe global y único de impacto ambiental sobre la totalidad de la actividad minera que se pretende desarrollar. Tocino consideró "prematuro someter a información pública un expediente tan carente de rigor", ya que "no hay más documentación que la que presenta Boliden y no existen estudios de técnicos o expertos que garanticen la impermeabilidad de la corta".

Incertidumbre en la balsa

El patronato también acordó devolver a Boliden Apirsa el proyecto que presentó para clausurar definitivamente la balsa siniestrada. El principal reproche es que entre la documentación suministrada no se incluyen los trabajos de emergencia efectuados en el dique que se desplomó. Esta ausencia introduce "un factor de incertidumbre importante" porque "la balsa se fracturó precisamente por ese punto, por lo que es del todo previsible que dicho sector del dique sea el que presente mayores deficiencias estructurales".También se echa en falta un plan de control del sellado durante "100 años como mínimo, con análisis de la evolución de la balsa". Estas carencias y el hecho de que el sellado de la balsa se considera "condición previa e imprescindible" para la reapertura de la mina han llevado al patronato a devolver el proyecto para que Boliden lo rehaga.

Boliden consideró ayer "lógico" el dictamen del patronato, pero advirtió que, si no se le da una alternativa viable al uso de la corta, "se cerrará [la explotación] al cien por cien". La multinacional sueco-canadiense destaca que no hay alternativas que sean "viables económica y físicamente" y descarta construir una nueva balsa, informa Alejandro Bolaños. "Era previsible que el patronato se pronunciara en contra porque no quiere tener una explotación minera aguas arriba de Doñana, pero los informes demuestran que la corta es impermeable y el informe ambiental que hemos presentado es completo", explicó Alejandro de Antonio, portavoz de Boliden.

La reacción más dura fue la del alcalde de Aznalcóllar, Francisco Márquez (del PSOE), cuyo pueblo depende vitalmente de la mina. El alcalde anunció "movilizaciones" en el pueblo para que se reabra la explotación, en la que trabajan 500 personas, la mayoría del pueblo y la mayoría también en regulación de empleo. Por su lado, la Junta, en cuya mano está la decisión final, subrayó que el "riguroso" informe de Larramendi "no constituye una mala noticia".