Una relación trufada de desencuentros
Las relaciones entre los socios que sustentan el Consell han sido agitadas desde el primer día. El reparto del pollo, feliz expresión acuñada por el fallecido Vicente González Lizondo, entonces presidente de Unión Valenciana, se cerró en el despacho profesional de Federico Félix, dirigente de la Asociación Valenciana de Empresarios. La bendición empresarial, que prometía una feliz travesía al acuerdo suscrito entre populares y regionalistas, no surtió efecto. González Lizondo perdió las riendas de su partido sólo un año después y fue expulsado en diciembre de 1996, sólo días antes de morir a causa de un ataque cardíaco. La nueva dirección regionalista, presidida por Héctor Villalba y con Fermín Artagoitia en la secretaría general, se marcó un objetivo prioritario: renegociar el pacto del pollo y marcar las diferencias necesarias con el PP para no ser fagocitado por la maquinaria popular. Desde entonces los desencuentros han sido periódicos. Estos son los principales choques que han marcado las relaciones entre los socios de gobierno. Revisión del acuerdo de coalición. Los regionalistas pretendían lograr tres áreas de gobierno en el seno del Consell y se mostraron dispuestos a ceder a cambio la presidencia de las Cortes. Finalmente, consiguieron el desdoblamiento del departamento de Agricultura y la creación de una nueva Consejería de Medio Ambiente. Villalba tuvo que asumir la presidencia de las Cortes. Ganó una plataforma institucional para su lanzamiento pero los populares anularon al portavoz parlamentario más brillante de UV. Autopista A-7. Los regionalistas han propinado a sus socios populares una sucesión de varapalos parlamentarios. UV ha votado sistemáticamente junto a la oposición a favor de la gratuidad de la A-7, el rescate de la concesión de la autopista y su titularidad. El acuerdo de gobierno establece el rescate de la titularidad de la autopista como uno de sus objetivos prioritarios, pero los populares se han negado siempre a exigirlo alegando que se trata de una competencia estatal y ofreciendo una rebaja en los peajes como compensación por la prórroga de la concesión de explotación a Aumar. Horarios comerciales. Los populares han apoyado sistemáticamente la libertad de horarios comerciales en apoyo de las grandes superficies. Los regionalistas han defendido siempre la posición de los pequeños comerciantes y han convertido las exigencias del gremio de los panaderos en uno de sus primeros caballos de batalla. Ley de ordenación farmacéutica. UV mantuvo bloqueado el proyecto de ley aprobado por el Consell durante ocho meses. Los regionalistas barajaban un texto alternativo que contemplaba la posibilidad de abrir más farmacias para atender las reivindicaciones de los titulados en paro y las necesidades de los municipios turísticos. Los populares mantuvieron posiciones más próximas a los colegios profesionales. Ayuntamiento de Valencia. Társilo Piles, portavoz municipal de UV, forzó una ruptura del acuerdo municipal con Rita Barberá en diciembre de 1997 como ensayo general de acciones posteriores. Juan Vicente Jurado y Mayren Beneyto, concejales regionalistas, se habían acercado demasiado al PP y renunciaron a dejar sus áreas de gestión, el alumbrado y el Palau de la Música, respectivamente. No parece casual que el esposo de María Ángeles Ramón-Llin siga empleado como asesor de Mayren Beneyto. Piles se quedó solo en el grupo municipal regionalista y su único consuelo son sus feroces ataques a la política de Barberá. Ràdio Televisió Valenciana. UV ha intentado modificar la composición del consejo de administración de RTVV en varias ocasiones para desplazar a Leonardo Ramón, actual presidente del órgano de gobierno que fue nombrado por Vicente González Lizondo. Los populares nunca han atendido tales exigencias. El momento de mayor tensión entre ambas formaciones se produjo cuando los regionalistas forzaron la entrega a las Cortes de todos los contratos firmados por Canal 9 con productoras privadas, que los populares intentaron ocultar a toda costa. Lengua. El pacto de gobierno entre populares y regionalistas incluye la convocatoria de un amplio debate sobre el valenciano. UV apoyó la solicitud de Zaplana de que el Consell Valencià de Cultura emitiera un dictamen sobre la naturaleza del valenciano y el órgano que debía regular sus normas ortográficas. El dictamen pactado en el seno del CVC después de meses de negociación no satisfizo a los regionalistas, que no apoyaron la creación de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, pactada por populares y socialistas y pendiente de concreción. Hepatitis C. UV ha apoyado la creación de una comisión de investigación en torno al brote de hepatitis C detectado en dos hospitales de Valencia contra los intereses del PP.
