El PSOE propone al Parlamento otro recurso al Constitucional contra el Presupuesto del Estado

El grupo socialista presentará hoy en el registro del Parlamento de Andalucía una proposición en la que se insta a la Cámara a recurrir ante el Tribunal Constitucional, por tercer año consecutivo, la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Los socialistas entienden que se vulneran principios constitucionales al no reconocer la población real de la comunidad, establecer unilateralmente un sistema de financiación para Andalucía y no respetar el mandato del Estatuto sobre nivelación de servicios básicos (deuda histórica). Para el portavoz parlamentario del PSOE, José Caballos, el recurso es "el regalo de Reyes que se merece un gobierno cuando castiga y desprecia a una comunidad".

La iniciativa, casi con toda seguridad, saldrá adelante cuando se debata el próximo mes con los votos del PSOE, Partido Andalucista y, previsiblemente, Izquierda Unida, aunque esta formación se desmarcó en las dos últimas ocasiones del texto final redactado por los letrados del Parlamento por discrepancias de forma. Los socialistas consideran que la ley de los Presupuestos Generales del Estado infringe la Constitución al no garantizar la suficiencia financiera de la comunidad por no reconocer a la población real de Andalucía (7.234.873) lo que, a juicio del PSOE, provoca "injustamente un déficit en la prestación de los servicios públicos andaluces". La propuesta de interposición del recurso de inconstitucionalidad estima que también implica "violación del bloque de constitucionalidad" el que el Estado "imponga de manera unilateral" un sistema de financiación para la región, cuando tanto la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca), como el Estatuto de Autonomía establecen que se debe negociar un modelo distinto. También se impugna la Ley de Presupuestos del Estado al no recoger ninguna partida sobre la llamada deuda histórica y se apela a los reglamentos del Congreso y del Senado en los que se fijan una serie de garantías que afecta a la financiación autonómica, aprobada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, un órgano de carácter consultivo. "Vuelta de tuerca" En concreto, la demanda considera que se infringen 11 artículos de la Constitución (1.1, 2, 9, 40, 66.2, 131.1, 137, 138, 139, 156.1 y 157), tres del Estatuto (56.1, 3, 58.3), otros tres de la LOFCA (1, 2 y 13) y varios artículos de los reglamentos del Congreso y el Senado. [El portavoz del PP, Manuel Atencia, calificó de "cinismo político" el recurso y aseguró que se trata de una "vuelta de tuerca en la estrategia de confrontación" contra el Gobierno central, informa Efe]. El portavoz socialista y secretario de Política Institucional del PSOE, José Caballos, afirmó que, pese a que el PP apela a que se normalicen las relaciones entre los Gobierno andaluz y central, la "actitud" del Ejecutivo de Aznar sigue siendo la de "ignorar" y "ningunear" a la Junta. "Estamos cansados de escuchar la misma monserga. Ya está bien de palmaditas en la espalda", dijo Caballos, quien considera que la posición del Gobierno central no se ha modificado ni un ápice "ni en los sustancial ni en lo formal". Caballos, quien participó en la reunión celebrada ayer por la comisión permanente de la ejecutiva del PSOE, afirmó que con el recurso quedará claro "una vez más el aislamiento" del PP en Andalucía con respecto al sistema de financiación y anunció que su partido se va a centrar en tres reclamaciones en los próximos meses: reconocimiento de la población real, deuda histórica y denuncia sobre la merma de inversiones estatales. La traducción en números de estos tres conceptos supone la pérdida de unos 100.000 millones de pesetas al año, según dijo. El portavoz socialista aventuró que "si no hay respuesta" a estos temas "será difícil que haya un clima de entendimiento", más aún, precisó, "si sigue la lluvia de ministros a Andalucía para colgarse medallitas". Añadió que por parte del Gobierno andaluz "habrá medidas que atenúen en la medida de lo posible" las políticas liberales del Partido Popular, similares al establecimiendo de una paga extra a las pensiones no contributivas y asistenciales, el pago de medicamentos excluidos de la financiación pública, o los incentivos a las empresas que creen empleo con la reducción de la jornada laboral a 35 horas.