El fiscal general de Rusia pide que se investigue la responsabilidad del Banco Central en la crisis

El ex presidente del Banco Central Serguéi Dubinin "es directamente responsable de lo que ocurrió en Rusia después del 17 de agosto de 1998", cuando la devaluación del rublo y la suspensión del pago de la deuda sumió al país en su más grave crisis. Son palabras del fiscal general, Yuri Skuratov, que ayer anunció que propondrá al presidente Borís Yeltsin que convoque al Consejo de Seguridad Nacional para que estudie un informe especial de la fiscalía sobre la responsabilidad de la entidad emisora en una caída al abismo de la que Rusia aún no se ha recuperado.

Skuratov lo tiene claro: una cosa son los errores humanos y otra muy diferente las negligencias y los delitos. El informe que acaba de poner en manos del líder del Kremlin, del primer ministro, Yevgueni Primakov, y de los presidentes de las dos Cámaras del Parlamento incluye, según él, la constatación de numerosas violaciones de la ley. Aún no se ha llegado al final de la investigación, añadió, a causa de las dificultades para escarbar en las actividades de ciertos altos funcionarios en los mercados financieros. "Tenemos que averiguar de dónde sale su dinero", señaló. "Se trata de centenares de millones de rublos".Dubinin está en el punto de mira de numerosas acusaciones. Y Skuratov niega que sus acusaciones tengan, como se dice en algunos medios, objetivos políticos. Ahora la pelota está en el alero de Yeltsin, que durante su mandato ha lanzado tan numerosas como incumplidas promesas de acabar con el cáncer que corroe a Rusia: la corrupción.

Entre tanto, el Gobierno intenta ir poniendo parches para que la catástrofe sea menos visible. Una estrategia que, cuando menos, ha permitido una estabilidad sorprendente, si se tiene en cuenta que millones de personas llevan meses sin cobrar sus salarios y pensiones y que la mayoría sigue sin recuperar los ahorros depositados en bancos en quiebra, que son la mayoría.

La estrategia oficial pasa por el no reconocimiento de que el país está en bancarrota, aunque difícilmente puede interpretarse de otra forma que, el pasado 29 de diciembre, no se pudiesen pagar al Club de Londres de acreedores internacionales los 362 millones de dólares (312 millones de euros) correspondientes al pago de intereses de unos 30.000 millones de dólares de deuda de la antigua URSS.

Ayer, el ministro de Finanzas, Mijaíl Zadórnov, casi el único resto de reformismo radical en el Gabinete, aseguró que la declaración de quiebra está excluida, que Rusia cumplirá con sus compromisos de pago y que no tienen ninguna base las informaciones publicadas recientemente de que los activos rusos en el exterior pueden ser confiscados. "Se trata", dijo, "de una invención de principio a fin".

La línea de defensa pasa por la afirmación de que el 70% de los acreedores a los que se dejó con la mano tendida en diciembre ha aceptado ya la reestructuración de la deuda. El Club de Londres y su punta de lanza, el Banco de América, estiman, sin embargo, que, para que no se hable de quiebra, es preciso al menos el acuerdo con el 95% de los acreedores.