Jesús Gil culpa a dos subordinados de las negociaciones entre el Ayuntamiento y el Atlético

El alcalde de Marbella y presidente del Atlético de Madrid, Jesús Gil, declaró el pasado jueves al juez antes de ingresar en prisión que nunca ha participado en los contratos entre las dos entidades, ni sabe cómo se gestaron, ni dio instrucciones a nadie sobre cómo hacerlos. Llegó a afirmar que se enteró de que se había firmado un contrato cuando vio a los jugadores lucir en las camisetas el logotipo de Marbella en agosto de 1991. Gil traspasó toda la responsabilidad de las negociaciones a sus dos principales colaboradores en el Ayuntamiento y el club, Pedro Román y Enrique Cerezo.

Gil esgrimió la misma ignorancia en buena parte de las cuestiones planteadas por el juez Santiago Torres y el fiscal Carlos Castresana durante el largo interrogatorio, que duró unas nueve horas. El juez y el fiscal le mostraron varios recortes de prensa y grabaciones de programas de radio previos a la firma del contrato en la temporada 91-92 en los que el alcalde hacía referencia al patrocinio del Atlético de Madrid por parte del Ayuntamiento de Marbella. Nada de esto pareció refrescarle la memoria. Gil dijo, por ejemplo, que "ignoraba" que el Atlético alegó a Hacienda para evitar una sanción por impago del IVA que los contratos de publicidad con el Ayuntamiento de Marbella no se habían consumado. La misma respuesta obtuvo el juez cuando preguntó porqué el secretario del Ayuntamiento de Marbella asegura que esta institución no ha firmado nunca un contrato con el club de fútbol. "El querellado manifiesta que desconoce la situación de la documentación oficial del Ayuntamiento y de quién sea el custodio de dicha documentación", consta en el acta de la comparecencia.

Gil aseguró que "jamás" ha dado instrucciones ni recomendaciones al personal ni del Ayuntamiento ni del Atlético para que ambas entidades se otorgaran contratos de publicidad "por cuanto era conocedor de la incompatibilidad que se derivaba en virtud de su estatuto de cargo electo como alcalde de Marbella".

Contabilidad indebida

Toda la responsabilidad de la firma de los contratos supuestamente falsificados y usados para desviar ilícitamente dinero del Ayuntamiento de Marbella la descarga Gil en el gerente del club, Enrique Cerezo, y el ex primer teniente de alcalde, Pedro Román. Éste se encuentra también en prisión incondicional sin fianza acusado por el fiscal de los mismos presuntos delitos que Gil: malversación, prevaricación y falsedad documental y contable. Gil sí reconoció que se ordenó al interventor municipal que contabilizara en los presupuestos de 1995 el crédito de 450 millones de pesetas correspondiente al contrato de publicidad de la temporada 1991-92. El interventor había advertido por escrito que esta operación se realizaba "sin la intervención de órgano competente y con ausencia de los inexcusables trámites administrativos". La orden al interventor de que "cumpliera su obligación" la dio Román mediante decreto firmado el 29 de diciembre de 1995.

La misma ignorancia argumenta Gil sobre si han entregado los terrenos de Marbella pactados con Dorna como permuta por la publicidad en las camisetas del Joventut de Badalona. El juez investiga también si algunos fichajes del Atlético se financiaron con fondos municipales. Gil negó haber entregado dinero al Valladolid a cambio de Caminero. También negó que el contrato entre la sociedad municipal Eventos 2.000 y el Sevilla por 60 millones fuera parte del pago por Simeone.

Los abogados Gil y Román presentaron ayer los recursos contra la orden de prisión incondicional e informaron de que entre otros argumentos se alega que el servicio "se ha prestado a precio de mercado" y que los contratos no se falsificaron "como demuestra que una inspección de Hacienda en 1992 los detectó y mandó pagar el IVA". El letrado José Luis Sierra, también imputado en los cargos de que se acusa a su defendido, declaró que tanto Gil como Román tienen "total convencimiento" de que la Audiencia de Málaga levantará la prisión incondicional en un plazo de diez días, informa Europa Press.

Ayer se conoció que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha desestimado la querella por prevaricación que Gil puso contra el juez Torres, instructor del caso, informa Efe.