Salvemos el territorio

J. J. PÉREZ BENLLOCHLa fraternidad ecologista y el País Valenciano todo están de enhorabuena: el presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana -que el Señor premie sus desvelos-, anunció el jueves pasado en Calpe un anteproyecto de ordenación del territorio para disciplinar el desarrollo urbanístico de nuestro litoral. No se ha divulgado plenamente el contenido de la propuesta, pero sí ha quedado claro su propósito: salvar lo que queda de este espacio privilegiado que ha venido siendo la gallina de los huevos de oro, la ubre económica más generosa y, al mismo tiempo, la expresión escandalosa, por estúpida, de los sucesivos gobiernos autonómicos, ciegos o pasmados ante el suicidio medioambiental que se perpetraba mientras ellos miraban hacia otro lado. Pero eso se acabó, o así queremos creer. La Administración popular -¡la derecha tenía que ser!-, en su línea vanguardista y a menudo sorprendente, por megalómana, ha elaborado una normativa a este respecto que se nos anticipa como la más avanzada de España. Aunque poco ha de importarnos la lisonja si el empeño llega a ramos de bendecir, se aplica realmente y consigue frenar el saqueo de la costa y sus inmediaciones, si tal es, como parece, el objeto de la iniciativa. Por nosotros, que el molt honorable se cuelgue las medallas que quiera y merezca con tal de que meta en vereda las codicias que han asolado lo más granado y rentable de nuestro patrimonio paisajístico. También nos tiene sin cuidado insistir en el botafumeiro si, como tiene declarado el presidente, esta ley que se urde se concierta entre todas las partes implicadas, que no son exclusivamente las representadas en el hemiciclo de las Cortes, aunque sean éstas las que decidan en última instancia. Conviene que sean oídos todos, sin dejar de lado a promotores inmobiliarios y ecologistas, a fin de que el texto que resultare no sea una solución precaria, de quita y pon según quien mande. A fin, asimismo, de que sepamos sin ambigüedades el grado de compromiso de cada quien. Hay en este episodio un detalle que nos avala a confianza. Por primera vez, que recordemos, no ha sido el consejero de Obras Públicas el encargado de exponer el proyecto, asumiendo el riesgo de que quede en agua de borrajas. En esta ocasión se ha mojado quien más manda, y bien mojado queda por más que haya divulgado tan sólo las líneas generales del caso. En habiendo dado la cara hemos de colegir que dará el do de pecho para sacar adelante este apremiante remedio al despilfarro territorial en el que se han columpiado las sucesivas administraciones municipales y autonómicas. Una premonición nos ronda, y ha de entenderse como muy propia del gato escaldado que somos. Este anteproyecto, que apenas es un manifiesto de buena voluntad, ha de seguir un dilatado proceso de consultas y debates que difícilmente concluirán en la presente legislatura. ¿Qué precauciones se han tomado o pueden tomarse para que no se entre a saco en la recalificación acelerada de terrenos antes de que se promulgue la ley prometida? Verdad es que se propende a que, de una vez por todas, prevalezcan los intereses generales y futuros, pero lo cierto es que, por ahora, los intereses que priman son los de la propiedad, tanto más apremiantes si perciben que no podrán convertir sus pinares y almendros en solares edificables. En contrapunto a esta buena nueva debe subrayarse otra aparecida en estas páginas: la Consejería de Obras Públicas podría amparar -o así se entiende- la modificación del Plan de Ordenación de Oropesa para librar de la piqueta tres edificios irregulares que deben ser derribados parcialmente. Con tales laxitudes y trapicheos no parece muy coherente y verosímil el fasto de Calpe que glosamos. » Girbés, víctima de la mezquindad Los valencianos, los de la capital sobre todo, pero también los del entorno, nos solemos complicar la vida a la hora de otorgar títulos y reconocimientos. Unas veces porque nos gobiernan los demonios familiares que son las banderías, otras porque cedemos a la mezquindad y, no pocas, también, porque nos enceguece la ignorancia de los méritos cívicos ajenos. Sin embargo, ninguno de estos tres motivos concurre e impide nombrar a Joan Girbés hijo predilecto de Algemesí. Todo el vecindario de dicha ciudad y de La Ribera entera sabe quién fue este hombre, que sin duda reposa a la diestra de Dios Padre. Fue, sucintamente dicho, un hombre bueno, el primer alcalde democrático de su pueblo y, acaso, el mejor de los posibles ediles imaginables. Por si fuera poco, al morir en septiembre pasado, repartió a modo de maná cuanto tenía, y tenía un rico patrimonio calculado en cientos de millones. De su proyección política, teñida de obediencia cristianodemócrata, puedo dar fe y de su coraje. Me cumplió, en tanto que periodista, echarle una mano en cierto contencioso que mantuvo con algunos agentes de la policía local empecinados en prolongar los hábitos y talantes franquistas. Joan Girbés no los quería émulos de Harrelson y este conflicto le causó mil sinsabores, pues él era pacífico, sin más armas que la bondad y la paciencia. Pues bien, a lo que iba: el grupo municipal popular se muestra reticente o refractario a otorgarle el título de Hijo Predilecto, con lo que se opone al sentir de la inmensa mayoría del pueblo. Y apuesto que si sus amigos, con quien fuera su secretario, Juan Bautista Ferragut, a la cabeza se lo propusiesen, ya se lo hubiesen concedido por aclamación. ¿Qué les impide, pues, a los munícipes populares acomodarse a la realidad? ¿No era de los suyos, por ser más liberal y generoso? ¿No fueron beneficiarios de alguna parte del legado? ¿O se penaliza al ciudadano ejemplar que no admitía distinta naturaleza entre valenciano y catalán, él, que era de progenie leridana? Confiemos en que no les inhiba un argumento tan tosco y mezquino.