200 personas se inculpan a favor de los 'okupas' de Cabestreros

En menos de veinticuatro horas, todas las partes relacionadas con la okupación en la madrugada del miércoles de un bloque deshabitado en la plaza de Cabestreros (Lavapiés) han preparado su artillería. El dueño del edificio, que, según los vecinos, lleva dos décadas sin residentes legales, ha presentado una denuncia contra los okupas en las comisarías de Centro y Arganzuela, que se tramita ya en los juzgados de la plaza de Castilla. Y estos jóvenes, los mismos que el 22 de diciembre fueron desalojados de El Laboratorio, un bloque de Embajadores,68, que el Ayuntamiento ha demolido para construir un aparcamiento y un área recreativa, han conseguido que 200 ciudadanos simpatizantes de este movimiento, que propugna el uso de inmuebles vacíos, se hayan declarado okupas en un escrito de autoinculpación.Con esta iniciativa, lo que se pretende es poner trabas a una posible condena que pudiera caer sobre los okupas tras la denuncia del dueño. El Código Penal castiga la okupación con multas de tres a seis meses (por cuantías que van de las 200 a las 50.000 pesetas diarias, según la solvencia del procesado), reemplazables en caso de impago por arresto de fin de semana (a tres meses de multa le corresponderían seis meses de arresto, y a seis meses, otros 12 meses de cárcel).

Pilar Hermoso, abogada de los okupas, explica que para los jueces no es lo mismo procesar a 20 personas por tomar un edificio que encontrarse con que son 200 las que se declaran culpables del mismo delito. "No obstante, a veces optan por procesar sólo a aquellos a los que la policía identifica dentro del inmueble en el desalojo", añade.

Los okupas justifican su entrada a este edificio alegando que en un barrio como Lavapiés, con numerosas familias con necesidades e implicado en un plan de rehabilitación, "resulta inaceptable que el Ayuntamiento permita que haya bloques como éste, que llevan 20 años vacíos". El inmueble en cuestión tiene tres plantas con 12 viviendas, bajo, garaje y azotea.

El objetivo de estos jóvenes es habilitar en el bloque las viviendas y los talleres de informática, la biblioteca, el bar y el comedor que regentaban en el demolido El Laboratorio. También pretenden abrir las puertas de la finca a las asociaciones de inmigrantes senegaleses y marroquíes y a los colectivos vecinales y ecologistas con las que ya colaboraban.

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