Zaplana afirma que la nueva ley del territorio frenará las ansias urbanizadoras en el litoral
La ley de ordenación del territorio de la Comunidad Valenciana, ahora en fase de anteproyecto, condicionará el desarrollo urbanístico de los municipios costeros, y cuando sea aprobada en las Cortes supondrá un freno a la vorágine urbanizadora en la que se han volcado los ayuntamientos del litoral ante la presión del sector inmobiliario. El presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, eligió ayer la localidad de Calpe, cuya costa es una de las más devastadas de la Comunidad Valenciana, para realizar una entusiasta defensa de la filosofía de esta nueva ley.
La futura ley de ordenación del territorio marca como objetivo establecer un equilibrio entre el desarrollo urbano de las ciudades y la protección del medio ambiente. Antes de su visita a Calpe, Zaplana habló en Benidorm de los "errores" cometidos en esta materia durante los 12 años de gobierno socialista. "La agresión al litoral no puede seguir por más tiempo, y eso hay que decirlo en voz muy alta, porque creo que hemos llegado a tiempo de sentar esas bases de progreso para que los malos ejemplos no constituyan en denominador común de la imagen de la Comunidad Valenciana", declaró. Entre esos ejemplos, el presidente destacó el Tossal de Benidorm, un saliente rocoso plagado de construcciones autorizadas por el PSPV, y el constante peligro que desde 1989 acechaba a la ladera del Penyal d"Ifac. La nueva normativa no será una realidad hasta la próxima legislatura, y preferiblemente como fruto de un amplio consenso no sólo de los grupos parlamentarios, sino de cuantos agentes sociales tengan algo que decir al respecto. No obstante, ese plazo no significará el inicio, ahora, de una carrera por urbanizar el litoral antes de que la normativa entre en vigor. El consejero de Urbanismo, José Ramón García, señaló que los ayuntamientos deberán tener en consideración el articulado del anteproyecto a la hora de acometer sus planes urbanísticos. Se trata de ordenar el territorio valenciano de forma "coherente" para mejorar la calidad de vida, inequívocamente ligada a políticas de protección de parajes naturales y amplios espacios libres de construcciones. Excesos Zaplana criticó en un primer momento la política urbanística desarrollada por los sucesivos gobiernos socialistas, pero luego se mostró más benévolo y lanzó un llamamiento para unir fuerzas en defensa del medio ambiente. Esa postura le llevó a pluralizar en su discurso. "Hemos cometido errores en el pasado", dijo. "Nos hemos excedido y pagado algún peaje, pero estamos a tiempo de preservar y mejorar lo que queda, y considero un error mayúsculo pensar que esa protección que plantea la ley es contraria al desarrollo económico". Muy al contrario, el presidente señaló que continuar con la caótica situación urbanística del litoral sólo puede conducir al fracaso. "La base fundamental del progreso es la protección del medio ambiente, y sin ello no habrá desarrollo posible y perderemos el tren", dijo. Inmerso en un discurso de cariz sorprendentemente ecologista, Zaplana enfatizó algunos párrafos como para dejar claro que su postura es inamovible. Uno de ellos resume el mensaje que quiso trasladar: "Hay que actuar con decisión y valentía", dijo. "Recuperar el litoral", añadió, "es una prioridad, y recuperar la riqueza natural una necesidad imperiosa, y como eso es imposible hacerlo a base de recursos económicos porque la Generalitat no puede comprar todos los parajes, se hará con una ordenación racional del territorio". Aunque el presidente se limitó a esbozar lo que puede dar de sí la nueva ley, adelantó que su desarrollo implicará ampliar zonas protegidas, limitar las reclasificaciones de suelo y potenciar la recuperación de las ciudades antes de ampliar los cascos urbanos. "Detrás de nosotros vienen generaciones que quieren tener un patrimonio natural importante, y el desarrollo de hoy no se puede convertir en el fracaso de mañana", afirmó contundente. Para el dirigente del PP, ha llegado el momento de "apartarse" de políticas económicas de pase corto y beneficio rápido. Le toca el turno al progreso duradero, y ese exige un respeto al entorno natural. Actualmente, el 20% del litoral valenciano está protegido por su riqueza ecológica o paisajística, y otro 30% está considerado como suelo no urbanizable, hoy susceptible de ser urbanizado dependiendo de la voluntad de los ayuntamientos. El resto de la costa, exactamente el 50%, está plagada de edificios.
Mariscada por el Penyal d"Ifac
El Consell y el Ayuntamiento de Calpe celebraron ayer con una multitudinaria y pantagruélica mariscada la adquisición de los terrenos de la ladera norte del Penyal d"Ifac, uno de los principales parques naturales de la Comunidad,amenazado por el fantasma de la especulación urbanística desde que en 1989 ese espacio fuera declarado como suelo urbano, calificación rectificada en 1995, año en que la ladera quedó protegida. Sentencias judiciales que reconocían a los propietarios del suelo los derechos adquiridos hace una década, así como la no menos importante presión vecinal, forzaron a las administraciones públicas a plantearse la compra para integrar el paraje en los dominios del parque natural. La compra de los casi 47.000 metros cuadrados, que ha supuesto una inversión de 1.913 millones de pesetas aportados por la Generalitat, se formalizó ayer por todo lo grande. Una carpa gigante instalada en el paseo marítimo de la playa de Levante, tarima presidencial dotada de recios sillones con aspecto de trono, decenas de autoridades civiles y militares, más de 300 invitados y marisco, mucho marisco para todos, protagonizaron el acto de la firma de los convenios de compra-venta con los propietarios, acto presidido por el presidente de la Generalitat. Eduardo Zaplana viajó a Calpe acompañado por los consejeros de Hacienda y Urbanismo, José Luis Olivas y José Ramón García Antón, respectivamente; el subsecretario de Turismo, Roc Gregori, y el subsecretario de Urbanismo, Fernando Modrego. Subdelegado del Gobierno, diputados, alcaldes, concejales y cargos medios arroparon también al presidente junto con decenas de vecinos, turistas y curiosos que soportaron el protocolo hasta la llegada del ágape. Parecía el inicio de la campaña electoral. La satisfacción por la recuperación global del paraje natural era evidente, aunque para caras alegres las de los cuatro propietarios que se repartieron los 1.913 millones de pesetas: Edificaciones Calpe (representada por el constructor Andrés Ballester), Matilde Ivars, Juan Girbes (firmó el protocolo su heredero Juan Ferragut), y los hermanos Francisco y María Estellés. Se cumplió de esa forma una de las históricas reivindicaciones de los ecologistas, que llevaban años reclamando la protección de un paraje de elevado valor histórico, paisajístico, medioambiental y hasta sentimental, en el caso de los vecinos de Calpe.
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