El PP defenderá en su congreso reducir al mínimo las prestaciones de la Administración

El Partido Popular (PP) propone una reducción de las prestaciones y de la actividad de las administraciones públicas, según recogen las ponencias que debatirá en su congreso a finales de enero. En el texto, titulado La mejora de la Administración pública, redactado por la alcaldesa de Zaragoza, Luisa Fernanda Rudi, apuesta por que las prestaciones de las administraciones públicas sean "cada vez menos necesarias". La ponencia modera, a su vez, la actitud del PP ante la reducción de altos cargos y del gasto público, y desaparece el concepto de Administración única.

El papel de las administraciones públicas, uno de los principales reclamos que el PP esgrimió en su programa electoral de marzo de 1996, vuelve a ser estelar en las ponencias del congreso. En esta ocasión acentúa la necesidad de la reducción del papel de los servicios públicos. La ponencia dice textualmente: "Objetivo permanente de las administraciones públicas ha de ser atender del mejor modo a las necesidades reales de los ciudadanos, pero buscando sin cansancio la forma de que sus prestaciones y su actividad sean cada vez menos necesarias o puedan reducirse hasta quedarse sólo en aquello que, por su naturaleza, sólo puede ser realizado adecuadamente por la autoridad pública".El PP, en el texto de la ponencia, profundiza lo que señalaba en el programa electoral de marzo de 1996, donde defendía el principio de subsidiariedad, según el cual "la Administración pública debe actuar complementando a la sociedad; no haciendo por ella lo que ésta pueda hacer por sí misma".

El recorrido, en los más de dos años de gestión del Gobierno del PP ha avanzado en esa dirección, incluso a escala municipal. Además de la privatización de empresas públicas estratégicas, en importantes ayuntamientos gobernados por el PP se han privatizado ya servicios como los de abastecimientos de agua, recogida y tratamiento de basuras o mensajerías. El texto de la ponencia abre la puerta a nuevas privatizaciones.

Defensa del mercado

La ponencia del PP, en un terreno más filosófico, hace también una firme defensa del mercado, al que, en una línea marcadamente liberal, equipara con igualdad. El texto dice: "Las administraciones públicas del Estado social, por serlo de derecho, deben procurar por encima de todo vitalizar la sociedad, de modo que la libertad, fuerte y responsablemente activada en todos los campos, se baste a sí misma para satisfacer justamente a la igualdad".

En cuanto a la organización de la Administración pública, la ponencia abunda en evitar reformas que aumenten el gasto público. No obstante, en este terreno, la ponencia se modera mucho en relación con el programa electoral del PP de marzo de 1996. Aquí cuenta también la experiencia de los más de dos años de gestión del Gobierno del PP en la que se ha puesto de relieve el fracaso de su intento de reducir los niveles más altos de de la Administración o la supresión de organismos, anunciado en el programa de marzo de 1996.

Así, la ponencia se limita a señalar que "las administraciones públicas gobernadas por el PP al servicio de la España de las libertades velarán permanentemente por evitar reformas orgánicas o funcionales que incrementen injustificadamente el gasto público".

El moderado compromiso del PP de evitar reformas que "incrementen injustificadamente el gasto público" contrasta con las radicales promesas electorales de 1996 de "una sustancial reducción del número de altos cargos y puestos de alto nivel en la Administración central del Estado"; "la reducción del número de los llamados entes públicos con estatuto jurídico especial" o "la simplificación de la Administración periférica del Estado en línea con el objetivo de una Administración única o común".

Precisamente, las referencias a la Administración única, que fue un eje fundamental del programa electoral del PP de 1996, y lanzada con espectacularidad por Manuel Fraga en 1992, desaparece absolutamente en las ponencias del congreso del partido, que se celebrará a finales de enero. "La Administración común quiere ser la concreción de la voluntad constitucional con el fin de evitar duplicidades, reducir gastos, clarificar las responsabilidades de cada Administración y facilitar las relaciones con los ciudadanos", decía el programa.