"Es necesario un nuevo pacto para garantizar las pensiones"

Eduardo Zaplana (Cartagena, 1956) ocupa desde 1995 la presidencia del primer Gobierno del PP en la Comunidad Valenciana. Autor de la ponencia La España de las Oportunidades, Zaplana es uno de los protagonistas del congreso nacional del PP y un buen representante del poder territorial en las filas del Partido Popular. En la Comunidad Valenciana ha implantado nuevas fórmulas de gestión, no exentas de polémica, como la utilizada en el hospital de Alzira, los salarios para amas de casa con escasos ingresos económicos y personas mayores a su cargo o los bonos para las residencias de la tercera edad. Ahora quiere trasladar al conjunto de su organización política su experiencia y sus ideas sobre el mercado y el Estado del bienestar. El jefe del Ejecutivo valenciano plantea en su discurso nuevas definiciones y sustituye conceptos como el de iniciativa privada por otros como el de "participación de la sociedad civil". Con su ponencia trata de enriquecer las fórmulas con las que el PP afrontará los problemas del desempleo, formación o la sanidad en el siglo XXI. Pregunta. ¿Qué modelo de sociedad es el que propone en su ponencia? Respuesta. El protagonismo de este congreso reside en una profundización hacia el centro reformista, que va a ser lo más importante. Pero en la ponencia considero que hay que profundizar en una sociedad que reconcilie la eficacia del mercado con la necesidad de fortalecer la sociedad del bienestar. La nueva sociedad en la que estamos inmersos exige asegurar una igualdad real de oportunidades y el bienestar general. Para la igualdad de oportunidades la mejor apuesta es la educación, sin duda alguna. Una educación que tiene que estar dirigida a la generación de empleo y, en consecuencia, a extender un bienestar social de mayor calidad. La ponencia mantiene que no hay una sociedad de oportunidades sin empleo y la mejor forma de llegar a él y combatir el paro es la educación. Con la educación se llega de verdad a la igualdad de oportunidades. Hay que reemplazar la visión de la vida como problema por otra de permanentes y sucesivas oportunidades en la que las personas tienen que jugar un papel activo.

P. Usted introduce en la esfera de lo público conceptos utilizados habitualmente en la esfera privada, como competencia, calidad, incentivos. Dentro de esa filosofía ¿es partidario de reducir la Administración y profundizar en la privatización de servicios públicos esenciales?

R. Muchas veces cuando se habla de estas cuestiones se hacen planteamientos de pasado, y la sociedad ha cambiado. Puede ser que un planteamiento de futuro conlleve una reducción del papel de la Administración, pero no se trata de privatizar nada porque la sociedad del bienestar debe estar garantizada por el Estado. Tenemos que conciliar la garantía de las prestaciones y sobre todo de la calidad de esas prestaciones con el concurso de la sociedad civil. Es decir, la sociedad de bienestar que defendemos amplía las prestaciones sociales y, lo que es más importante, las garantiza. Acordémonos del debate sobre las pensiones de las últimas elecciones generales porque era producto de la mala situación económica y había una gran sensación de intranquilidad que hoy afortunadamente no existe. Para garantizar las prestaciones sociales y la calidad de las mismas no hay por que evitar el concurso de la sociedad civil, sino todo lo contrario.

P. Usted insiste en desarrollar las políticas educativas como método para combatir el paro, pero se encontraron con una LOGSE aprobada por los socialistas que es la que se aplica.

R. La LOGSE es una ley que se aprobó sin cobertura económica. Hemos hecho un esfuerzo importantísimo y en muy poco tiempo estará cumplida. Es un esfuerzo en extensión de las infraestructuras educativas, pero debemos poner el acento en la calidad, aspecto en el que no se ha avanzado en los últimos años. En la ponencia hablamos de la segunda oportunidad para que nadie quede excluido del sistema educativo y para que la persona salga con posibilidades de encontrar un empleo, no sólo aquella que haya culminado el ciclo educativo.

P. ¿Qué medidas concretas plantea en materia de protección frente al desempleo, seguridad social y sistema de pensiones?

R. Mi ponencia trata de establecer cuál ha de ser la filosofía del PP. Las medidas corresponden a las administraciones y a los gobiernos, pero creo que la política más solidaria es la que crea empleo. Hablo de la necesidad de hacer un nuevo Pacto de Toledo con el único objetivo de mejorar y garantizar definitivamente las prestaciones. No hay una política de empleo buena si no es eficaz. Es necesario combinar la flexibilidad y la seguridad en el mercado de trabajo. Decir que el Inem ha de tener un trato personalizado con cada parado es esencial, como lo es señalar que la universidad ha de relacionarse con las empresas y que es necesario reconsiderar los sistemas de funcionamiento del mercado de trabajo porque el mundo de hoy es diferente al de hace unos años. P. Respecto al congreso del PP, ¿qué papel piensa que tendrá que desempeñar Francisco Álvarez Cascos?

R. Estoy convencido de que sea cual sea su papel seguirá siendo un referente de primer orden en el PP. Si a esto se añade que es vicepresidente primero del Gobierno su importancia no deja lugar a dudas. Otra cosa es el cargo que ocupe en el partido. No creo que nadie piense que después de ser secretario general del PP diez años ahora quiera ser coordinador. Él se va para dar ejemplo de renovación frente a otras actitudes que se han producido en el Partido Socialista y que han tenido las consecuencias que conocemos. Discutir la importancia de Álvarez Cascos en el partido es una tontería.

P. ¿Cuáles son sus aspiraciones en este congreso?

R. Mi protagonismo empieza y acaba en la elaboración y debate de esta ponencia. No tengo ninguna otra aspiración. En el PP no hay barones.

P. Como presidente autonómico ¿piensa que el proyecto de España del PP debe establecer diferencias entre comunidades como el País Vasco y Cataluña y el resto?

R. Los que gobernamos en comunidades autónomas debemos apartarnos de la reivindicación fácil y permanente. Esa necesidad de que un gobierno territorial ha de estar peleado permanentemente con el Gobierno central es una estupidez. Yo me niego a hacer un grupo con vascos y catalanes y otro con el resto de autonomías. Hay que asumir que existen diferencias evidentes como la cultura histórica, la lengua o la experiencia de autogobiernos, y como patrimonio común del conjunto de España potenciarlas. Esas diferencias evidentes, de las que participa la Comunidad Valenciana y Galicia, no pueden en un proyecto común de España generar perjuicios para nadie. El privilegio lo puede tener quien tiene dos lenguas en vez de una, pero lo que no puede ser es un perjuicio para el que sólo tiene una. Somos partícipes de un proyecto común donde las singularidades hay que defenderlas, pero hay una solidaridad común y territorial de las que no nos podemos apartar.