Un informe de Bienestar Social critica los "efectos perversos" del "bonocheque"
Un estudio realizado por la Unidad de Inspección de Servicios Sociales del propio departamento critica, en tono constructivo pero sin tapujos, las múltiples deficiencias del programa de bono residencia, el plan impulsado por la Consejería de Bienestar Social, cuya titular es Marcela Miró, para facilitar el alojamiento de personas sin recursos en residencias privadas de la tercera edad. El informe, entre otros "efectos perversos o indeseables", destaca la carencia de plazas, los abusos de algunas residencias y la discriminación que sufren los usuarios con menos recursos económicos.
El servicio de inspección de la Consejería de Bienestar Social concluye en su análisis del programa del bono residencia que las plazas ofertadas son insuficientes para la demanda generada, especialmente en Alicante; también que no existe uniformidad en cuanto a los servicios e instalaciones de las residencia privadas incluidas en el programa y, en términos generales, que sería necesario establecer "un mayor control del uso de fondos públicos" que llegan a las residencias privadas. Además, los inspectores ponen énfasis en las "irregularidades" generadas por la tardanza en resolver las nuevas peticiones de ayudas. Así, el 17 % de las peticiones de subvenciones cursadas en 1998 no se empezaron a conceder o denegar hasta el mes de julio, ya en el segundo semestre del año. Por ello, "las consecuencias inmediatas de los retrasos y los tiempos muertos son sufridos tanto por la residencia como por el cliente", ya que los "procedimientos de pago y de liquidación aplazada" entre usuario y empresa provocan "efectos indeseables" al posibilitar "prácticas anómalas". Asimismo, por parte de las residencias "se dan cobros por encima de módulos sin motivo alguno". Por parte de la Administración, se incurre "en tardanzas insostenibles en la liquidación al cliente". PÁGINA 3
Las residencias aplican "extras injustificados"
lenciaLos expertos que han redactado el informe, centrado en la dirección de Servicios Territoriales de Valencia -el año anterior fue realizado en ese mismo organismo en Alicante- también subrayan los efectos provocados por la "falta" de actuaciones "conducentes a controlar el desarrollo del programa" y garantizar su "éxito" respecto al usuario -"en relación con los derechos de los clientes" y la Administración con las garantías requeridas. Así, el establecimiento de tarifas unitarias "sin homologar las prestaciones" de las residencias y sus "mínimos de calidad" ha facilitado que algunas empresas obliguen a afrontar al beneficiario de las ayudas "extras injustificados". Es decir, muchos usuarios son obligados a pagar suplementos pese a que, en principio, el bonocheque facilitado por la Consejería de Bienestar Social cubre el costo de su estancia. Además, los módulos económicos son fijados por la Administración "sin que les haya quedado claro a las residencias que no es posible cobrarle al cliente un precio/plaza por encima de dicho módulo". La falta de uniformidad, "junto con una falta de seguimiento", ha posibilitado que, de "forma usual entre las residencias acogidas al programa", las empresas "pacten con el ciudadano un precio por encima del módulo", lo que va en contra de las directrices del programa.
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