Agónica aprobación del presupuesto mexicano contra la crisis nacional

El Gobierno mexicano y los conservadores en la oposición afrontaron un ruidoso proceso de tomatazos, imprecaciones y denuncias de traición a la patria y crisis constitucional, antes de conseguir aprobar el fin de año los presupuestos federales de 1999, que en opinión de la Secretaría (Ministerio) de Hacienda generarán confianza entre los agentes económicos nacionales y extranjeros y permitirán reforzar las bases para un crecimiento sostenido, con más y mejores empleos y prioridad en el gasto social.

El acuerdo entre el oficial Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el conservador Partido de Acción Nacional (PAN) se fundamenta en un recorte de los gastos: de entrada todos los ministerios y dependencias administrativas deberán aceptar privaciones en dietas, teléfonos celulares, vehículos y otras partidas, antes que aumentos impositivos. A cambio de su apoyo al programa oficial, cuya principal meta es mantener el déficit fiscal por debajo del 1,25% del PIB, el PAN forzó una marcha atrás del Ejecutivo en su pretendido propósito de gravar con un 15% el uso de los teléfonos, y aplicar nuevas cargas al consumo. Andrés Manuel López Obrador, dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD, centroizquierda), puso el grito en el hemiciclo tras la aprobación de un paquete "que defiende los intereses de una minoría de empresarios y banqueros que va seguir empobreciendo al pueblo de México". La administración de Ernesto Zedillo deberá acometer pues un plan de austeridad en fechas políticas complicadas, muy influidas por las presidenciales del 2000.La fuerte disminución de los ingresos petroleros a raíz de la caída de los precios del crudo en los mercados internacionales, más pronunciada en la segunda mitad de noviembre, la resistencia parlamentaria contra el impopular impuesto telefónico, así como el otorgamiento de mayores ayudas a los municipios respecto de lo previsto en el presupuesto original, significa mantener las tasas impositivas sobre las cervezas y bebidas alcohólicas, reducir el impuesto sobre la renta del 34% al 32% en 1999 y al 30% en el 2000, y recortar el gasto público programable en 1.420 millones de dólares.

El precio del gasóleo sube un 5% y se establecerán barreras arancelarias a las mercancías de países con los que México no tiene acuerdos comerciales. El Gobierno del Distrito Federal, encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas, uno de los fundadores del PRD, y principal aspirante a la presidencia del país en la cita del año próximo, encajó un varapalo ya que sólo podrá endeudarse por menos de 175 millones de dólares, cuando pidió la autorización del Congreso para hacerlo por 750 millones. "Esto es una canallada y un atraco", y causará despidos y la paralización de obras de drenaje, construcción de escuelas, y otros proyectos, protestaron sus dirigentes. Francisco Chiguil, presidente de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, apuntó donde más preocupa a la sociedad. La aprobación del paquete, destacó, llevará a suspender la compra de un helicóptero, 373 vehículos policiales, equipos de comunicación y 2.369 armas.

Para el analista Raúl Trejo, la decisión de ignorar las reclamaciones presupuestarias del PRD en la Ciudad de México obedece, entre otras causas, a los desplantes contestatarios y al autoaislamiento de este partido en la negociación. El líder perredista López Obrador la tiene como "una represalia del Gobierno de Ernesto Zedillo porque en las negociaciones del paquete económico no se doblegó ni negoció principios, como lo hicieron los panistas

[miembros del PAN]".

En la sesión de los tomatazos, el PRD votó en contra de la fórmula acordada por el PRI y el PAN para atender la servidumbre de los 65.000 millones de dólares desembolsados por el Gobierno en el rescate bancario de 1995: suprimir el Fobaproa (Fondo Bancario de Protección al Ahorro), organismo oficial que entonces habilitó las ayudas a la banca, y sustituirlo por un nuevo instituto que asume sus obligaciones y recibirá fondos con cargo a los presupuestos del Estado.