Voto juvenil 2

La llegada de 1999, año en el que se concentrarán varios llamamientos a las urnas, y la reciente celebración del 50º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, entre ellos el sufragio universal, invitan a volver a reflexionar sobre el voto de los menores de 18 años. El artículo 21 de tal Declaración, además de consagrar el derecho democrático a elecciones "por sufragio universal e igual", establece que "toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país (...) por medio de representantes libremente elegidos". La iniciativa planteada en el artículo La ampliación del voto juvenil, publicado en este mismo periódico el pasado 25 de febrero, tuvo como respuesta el silencio y la indiferencia de los partidos políticos -con la excepción de Nueva Izquierda- y las organizaciones juveniles.En cambio, el debate suscitado en El País Digital bajo la pregunta ¿Rebajar la edad para votar?, anima a replantear la misma tesis: debe anticiparse, al menos a los 16 años, el derecho a votar en los comicios municipales, autonómicos, legislativos y europeos, actualmente fijado en los 18, como la mayoría de edad. La mayoría de las opiniones de los 209 internautas que participaron en el debate virtual son contrarias a esa propuesta. Exactamente 94 (un 45% del total) se pronuncian en contra, mientras que 75 (un 36%) avalan la iniciativa y 40 (un 19%) exponen sus dudas.

Los argumentos en contra de rebajar la edad para votar van desde la alegada inmadurez política de los adolescentes hasta la desconfianza hacia unos críos pasotas, poco preparados y manipulables por los padres, los partidos o la televisión. Son muchos los que piden que, por el contrario, se eleve a 21 años, e incluso a 25, la edad del voto, y algunos rechazan que se pretenda dar más derechos a los jóvenes, mientras que no se les enseña a asumir sus deberes.

En favor de anticipar la edad del voto se arguye que a los 16 años los jóvenes pueden incorporarse al trabajo o se les exige la misma responsabilidad penal que a los adultos. Se invoca también la democracia participativa, el reequilibrio demográfico respecto a los votantes jubilados y la formación e información juvenil, que supera a la de muchos electores de edades más avanzadas. Por lo general, se propugna el voto desde los 16 años, aunque hay también quienes proponen que desde los 15, 14, 13 o 12 años, y uno incluso desde los 7: "Si los políticos se portan como niños de 7 años, ¿por qué no podemos votar los niños a partir de esa edad?".

Respecto a la supuesta correlación entre madurez y derecho al voto, no me resisto a reproducir el relato de Sara Campbells Solá, de El Prat (Barcelona): "En las pasadas elecciones municipales no pude ejercer el derecho a voto porque alcanzaba la mayoría de edad el día después de los comicios. No me parecía justo, pero pensé: Espera un día, quizá la madurez llegue esta noche desde la lejanía y se apodere de ti súbitamente; quizá lo que piensas que hoy votarías, si pudieras, mañana haya cambiado hasta niveles insospechados. Me porté bien y me acosté pronto, esperando que la metamorfosis aconteciera. A la mañana siguiente me asusté. Seguía pensando que mi opción de voto habría sido la misma que el día anterior. Aquello sólo podía significar una cosa: no había madurado y ya tenía 18 años. Me desesperé. Hoy han pasado ya algunos años y sigo dándole vueltas al tema. La preocupación ha ido in crescendo, pues en la actualidad sigo votando la misma opción. Me pregunto: ¿cuánto tiempo más habré de esperar para que la deseada madurez me embargue? Una idea más inquietante me martiriza desde hace algún tiempo. Sé que no tiene sentido, pero, ¿no podría ser que con 17 años ya fuera lo suficientemente madura como para votar? No sé yo, no sé yo. Esperaré a cumplir los 40, y si aún sigo votando lo mismo, quizá empiece a considerar esta posibilidad".

Durante los meses transcurridos desde el 25 de febrero, el Partido Democrático de la Nueva Izquierda se comprometió en su primer congreso a luchar por "bajar el derecho al voto a los 16 años". En caso de prosperar esta iniciativa, 1.093.000 jóvenes de 16 y 17 años podrán votar en los diferentes procesos electorales.

Algunos juristas creen que la implantación de este voto juvenil debería hacerse de forma escalonada, de modo que primero se admitiera a este millón largo de nuevos votantes en los comicios municipales; después, en los autonómicos, y finalmente, en las elecciones a las Cortes Generales y al Parlamento Europeo.

Un reciente libro del psicólogo Javier Urra, defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, titulado Niños y no tan niños, responde negativamente a la posibilidad de adelantar el voto. Urra reconoce que es un tema de reflexión, pero él opta por interpretar que la tutela de la infancia lleva consigo preservarla del ejercicio del derecho a votar, y llega a preguntarse si antes de los 18 años los jóvenes están preocupados por los mensajes de los políticos, si saben diferenciarlos, si les motiva votar y si lo desean.

Son preguntas que podrían hacerse igualmente a los adultos y que, en todo caso, tienen como respuesta el derecho a abstenerse, del que están privados los menores de 18 años.

El derecho comparado aporta el ejemplo de Brasil, en donde la Constitución de 1988 introdujo la posibilidad de que los jóvenes de 16 y 17 años se inscriban voluntariamente en el censo electoral. Quienes se inscriban deberán votar obligatoriamente, como ocurre con los mayores de 18 años, ya que en Brasil el votos es, por regla general, obligatorio. Es un modelo a tener en cuenta, pero, en mi opinión, no a seguir.

En España, frente a quienes estiman que sería necesario reformar la Constitución, bastaría que la legislación electoral admitiera el sufragio activo desde los 16 años, dado que el anticipo del derecho al voto no vulneraría ni limitaría la mayoría de edad constitucionalmente fijada en los 18 años. Adelantar la edad para votar significaría un plus de derechos políticos, en línea con el derecho ciudadano a participar en los asuntos públicos, consagrado en el artículo 23 de la Constitución y reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos a "toda persona", sin vincularlo a la mayoría de edad.

Por otra parte, el Gobierno ha enviado hace unas semanas al Parlamento un proyecto de ley orgánica que, significativamente, se denomina de la Responsabilidad Penal de los Menores (el anteproyecto se llamaba de la Justicia de Menores), que propone la responsabilidad criminal -que el Código Penal de 1995 había querido fijar en los 18 años- desde los 13 años, si bien con tratamiento diferente al de los adultos.

El fiscal de menores Félix Pantoja ha reprochado al Gobierno que no se haya atrevido a "dar el paso de declarar exentos de responsabilidad criminal a los menores de 18 años". Se protege a los menores de la urna, pero no de la represión penal. Mi opinión es que los jóvenes no deben ser responsables penalmente hasta que alcancen la mayoría de edad civil, esto es, a los 18 años, mientras que el derecho a votar sí puede anticiparse, al menos, a los 16 años.

Por el momento, hasta tanto se apruebe la ley de responsabilidad penal del menor, el mantenimiento de la responsabilidad penal a partir de los 16 años sirve de ejemplo, como la fijación del inicio de la actividad laboral a esa misma edad, para demostrar que el tope de la mayoría de edad fijada constitucionalmente, igual que es capaz de convivir con estas excepciones, podría conciliarse con un anticipo de la edad apta para votar.

La repercusión que una medida de este carácter tendría sobre el panorama político sería, en mi opinión, muy positiva. Según una investigación sociológica realizada por la Fundación BBV, publicada este año bajo el título La juventud liberta, el Estado de bienestar se dirige más hacia los viejos que hacia los jóvenes, a pesar del problema del paro juvenil y el retraso en la incorporación estable al mundo del trabajo. Según dicho estudio, mientras que en 1970 los menores de 15 años eran un 27,8% de la población, en 1998 son sólo un 11,9%, y al contrario: Los mayores de 65 años eran en 1970 el 8,2%, y en 1998, el 13,7%.

Esta "pérdida de hegemonía demográfica de los jóvenes", como la describe el trabajo citado, no puede contribuir a aislarles definitivamente del mundo de los adultos y a impedirles optar a cambiarlo. Por el contrario, la mano -y la urna- tendida de la anticipación del voto juvenil, con las ofertas políticas y socioeconómicas que esa medida necesariamente desplegará, será capaz de incentivar la participación política de los jóvenes, con el refuerzo que para los de más de 18 años significará un millón de nuevos votantes potenciales.

El resultado será un paso más hacia la integración crítica de la juventud en una sociedad que también es suya, pero cuyos dirigentes le han dado desdeñosamente la espalda.