El Supremo pregunta al fiscal si es el tribunal competente en el "caso Egin"

El Tribunal Supremo pidió ayer un informe al fiscal sobre si el alto tribunal es el órgano competente para investigar y enjuiciar el caso sobre la financiación del entramado ETA-KAS y el cierre del diario Egin. Aunque la Fiscalía del Supremo, obviamente, no se ha pronunciado, el fiscal Enrique Molina, encargado del caso en la Audiencia Nacional, ya elevó consulta al fiscal general del Estado, e informó posteriormente al juez Baltasar Garzón de que la competencia del caso debía corresponder al Tribunal Supremo.

Molina, en el informe que elevó al fiscal general del Estado, se mostró partidario de que el caso que abarca el entramado financiero de la organización terrorista ETA-KAS y como consecuencia de ello, el cierre del diario Egin, pase al Tribunal Supremo después de que hubieran sido elegidos parlamentarios vascos por Euskal Herritarrok dos de los acusados: José Antonio Etxeberria Arbelaitz y Pablo Gorostiaga.Aunque ese hecho obligaría a remitir el caso al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, el informe señalaba que una de las empresas implicadas en el caso está radicada en Navarra y al menos uno de los delitos se cometió fuera de la comunidad autónoma vasca, por lo que la competencia debería recaer en el Tribunal Supremo, como ya pasó con el caso de la Mesa Nacional de Herri Batasuna.

Garzón, primer juez instructor del caso, procesó a todos los implicados en la trama, excepto a los dos aforados, y luego, aceptando el criterio del fiscal, elevó una exposición razonada al Tribunal Supremo en la que consideraba que ese órgano -y no el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, como han pedido algunos de los procesados- es el competente. Garzón procesó el pasado 20 de noviembre a 26 implicados y elevó la causa al Tribunal Supremo.

El juez impuso una fianza de 700 millones de pesetas a 13 de los procesados para hacer frente a las responsabilidades civiles y declaró "la ilicitud de la alegal Koordinadora Abertzale Sozialista (KAS)", por considerar que es "parte integrante de la misma organización terrorista que ETA encabeza (ETA-KAS)".

El juez procesó a los presuntos implicados en los hechos por delitos de pertenencia o colaboración con banda armada, allegamiento de fondos a organización terrorista y alzamiento de bienes.Entre los procesados figuraban los miembros de los consejos de administración de las empresas del grupo Orain-Egin: Orain, Ardatza, Hernani Inprimategia, Erigane y Lema 2000. Entre los más destacados figuraban Ramón Uranga, Xabier Alegría, los hermanos Isidro y Francisco Murga, el abogado Carlos Trenor y el que fuera alcalde de Bergara (Guipúzcoa) José Luis Elkoro. También fue procesado el director del diario Egin, Javier Salutregi.

Garzón mantuvo en prisión a Etxeberria, elegido diputado vasco en las listas de Euskal Herritarrok por Guipúzcoa. El magistrado afirmó que existen indicios para procesar a Etxeberria por integración en la organización terrorista ETA-KAS y por alzamiento de bienes, pero que no le procesa por imperativo del Estatuto de Autonomía del País Vasco.

Por este caso todavía permanecen en prisión Etxeberria, Xabier Alegría, Juan Pablo Diéguez, Segundo Ibarra e Iker Beristain.