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Cronología del proceso

La moción de censura contra Jesús Gil en la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental no se presentará hasta el 10 de enero. Los promotores de la censura, PP, PSOE y Grupo Independiente de Benalmádena, tomaron ayer esta decisión "para evitar que Gil convoque el pleno por sorpresa en un día festivo y haya vocales ilocalizables", según explicó Esperanza Oña, alcaldesa de Fuengirola y candidata para sucederlo en la presidencia. La presentación del documento, que se firmó ayer ante notario, estaba fijada esta semana. El PP ha anunciado medidas legales si Gil no convoca el pleno.

28 de diciembre de 1998 Los representantes de PP, PSOE y GIB en la Mancomunidad registran ante notario el documento de la moción de censura para evitar que el presidente de la entidad, Jesús Gil, alegue que las firmas no son auténticas. 10 de enero de 1999 La moción de censura será presentada en el registro de la Mancomunidad. 25 de enero de 1999 Fecha límite, según la Ley Orgánica 5/ 1985, para debatir en pleno la moción de censura. 26 de enero de 1999 A partir de este día, si el pleno no se ha celebrado, los partidos pueden recurrir por la vía contencioso administrativa o penal, según corresponda.

La oposición en la Mancomunidad aplaza hasta el 10 de enero la moción de censura contra Gil

Los representantes del PSOE, PP y Grupo Independiente de Benalmádena (GIB) en la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental han decidido esperar a que pasen las fiestas navideñas para presentar la moción de censura contra el presidente de la institución y alcalde de Marbella, Jesús Gil. En principio, el PP, grupo que encabeza la moción por contar con el mayor número de representantes en la comisión gestora de la Mancomunidad (seis, frente a los cinco del PSOE y los dos del GIB), había garantizado que el documento se presentaría en el registro esta misma semana, pero, según explicó ayer la alcaldesa de Fuengirola, Esperanza Oña, "hemos preferido aplazarla porque tememos que Gil convoque el pleno por sorpresa en uno de estos días festivos y haya algún vocal que se quede sin enterarse, porque no sería la primera vez que Gil utiliza una de estas artimañas". La oposición ha manifestado reiteradamente su temor a que el alcalde de Marbella utilice algún truco legal para retrasar o dejar de convocar el pleno. "Por esa razón hemos tomado todas las precauciones", dijo Oña. Para empezar, ayer, las firmas de los 13 vocales de la Comisión Gestora que suscriben la censura fueron autentificadas ante notario. Escepticismo A partir de la presentación de la moción, la ley determina un plazo legal de 15 días naturales para que se debata en un pleno extraordinario. Oña se mostró ayer "muy escéptica" respecto a las posibilidades de que Gil convoque el pleno en este plazo: "Jesús Gil tiene en la Mancomunidad su fortín, y no creo que se someta a un debate en el que se ponga en cuestión su gestión y se apruebe una moción de censura. Cualquier otro lo haría, pero él no", argumentó. Los grupos suscriptores de la moción representan la mayoría absoluta en la comisión gestora, ya que cuentan con 13 de los 22 vocales. La dirección del PP malagueño ha advertido que recurrirá a la vía contencioso administrativa o a la penal, si fuese necesario, en caso de que el pleno no se celebre antes del 26 de enero. Lo que desencadenó la moción fue el hecho de que Gil retirase por decreto el debate sobre la empresa de aguas Acosol de un pleno extraordinario que la oposición había pedido expresamente para tratar ese punto. La Policía Local de Marbella impidió el acceso al pleno de los representantes del Ayuntamiento de Torremolinos, al secretario general del PP malagueño, Joaquín Ramírez, y al diputado de IU José Luis Centella, que ha recibido el amparo del presidente del Congreso, Federico Trillo. Por otro lado, la Fiscalía Anticorrupción solicitó ayer conocer las diligencias que instruye el Juzgado número 1 de Marbella por la concesión de una licencia de obras a la sociedad Belmonsa para construir un edificio de trece plantas en zona verde y con una altura superior a la permitida para las edificaciones de la zona, informa Efe. Siete concejales del equipo de gobierno que preside Jesús Gil, su abogado José Luis Sierra y el gerente municipal de Urbanismo, Juan Antonio Roca, están imputados por un presunto delito contra la ordenación del territorio por la concesión de la citada licencia de obras. La semana pasada, la titular del Juzgado número 1 de Marbella, María Luisa de la Hera, decretó el sobreseimiento de las actuaciones respecto de los promotores, constructores y arquitectos del edificio, ordenó que se levantara la fianza de 50 millones de pesetas que había impuesto inicialmente a cada uno de ellos y autorizó la reanudación de las obras, que llevaban varios meses paralizadas.

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