El ex edil Carmona se niega a una prueba judicial para analizar su voz
El ex concejal del PP de Granada Francisco Jimémez Carmona se negó ayer a someterse a una prueba de reconocimiento de voz ordenada por el presidente del jurado que el próximo mes de marzo lo juzgará por cobrar supuestamente 5,1 millones de pesetas a la empresa Seguridad Baza a cambio de obtener la concesión de la vigilancia del cementerio. Su abogado objetó que, al existir otro examen similar efectuado por la Policía Judicial, estaba amparado por el derecho constitucional a no colaborar.
Los abogados de la acusación anunciaron que pedirán ahora una prueba comparativa de la grabación aportada por el denunciante con otras procedentes de emisiones radiofónicas y que constan en el sumario. La prueba pericial efectuada en su momento por la Guardia Civil no determina si la voz que aparece en la cinta grabada subrepticiamente en una cafetería de Granada por el gerente de Seguridad Baza, Juan Carlos Martínez Castaño, es o no la del concejal debido a la pésima calidad del sonido. La acusación pidió inútilmente al juzgado instructor que efectuara una segunda prueba. Posteriormente, el presidente del jurado popular aceptó un nuevo examen de las voces que ayer, a causa de la negativa del ex concejal, se centró sólo en la de Martínez Castaño. Para efectuar la nueva prueba fueron citadas dos profesoras del departamento de Psicología de la Universidad de Granada. Tras superar varias incidencias de carácter técnico -uno de los magnetófonos estaba averiado- las psicólogas sólo pudieran grabar la voz de Martínez Castaño, que también está acusado de aceptar el cohecho. Pablo Luna, letrado del ex militante del PP, manifestó al secretario de la sección segunda de la Audiencia que su representado tenía el derecho constitucional a no colaborar en la prueba al ser ésta de carácter oral y al existir en el procedimiento otra realizada por la Policía Judicial. Luna aclaró después que no quería que el jurado se sintiera confundido con dos informes periciales sobre un mismo aspecto. El sorprendente desenlance de la prueba originó perplejidad y confusión entre los abogados y el propio secretario de la Audiencia, que tuvo que consultar una vez con el presidente del jurado -que estaba en su despacho- y más tarde, ante las nuevas peticiones de los representantes legales, reclamar su presencia en la sala. El abogado de Martínez Castaño anunció que pedirá una ampliación para comparar la voz de la grabación dudosa con otra obtenida de programas radiofónicos.
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