Guipúzcoa cierra la reforma fiscal vasca, que tendrá diferencias de matiz en cada territorio

VIENE DE LA PÁGINA 1 El debate sobre la reforma del IRPF en las Juntas de Guipúzcoa constituyó una sucesión de exposiciones y réplicas sobre los destinatarios de los beneficios fiscales que depara la nueva norma, que supondrá una merma de 13.600 millones en la recaudación (40.000 millones en el País Vasco). PNV, PSE, EA y PP defendieron que la rebaja de la presión fiscal beneficia, sobre todo, a los asalariados. El diputado de Hacienda, Antton Marquet, aseguró que el coste económico de reducir la presión a los rendimientos de trabajo por cuenta ajena se eleva a 7.200 millones de pesetas. Por el contrario, HB e IU, que habían presentado enmiendas a la totalidad, sostuvieron que la reforma privilegia las rentas más altas y las de capital. Xabier Olano (HB) afirmó que el IRPF se ha convertido en un impuesto sobre el trabajo porque las rentas altas se escabullen a través de los productos financieros. "El trato es desigual respecto a las rentas de capital. Un principio básico de equidad manda que los impuestos sean progresivos, pero aquí sólo lo es para el trabajo, no para el capital, que tributará a un tipo fijo (20%)". Xabier Garaialde (PNV) replicó que la enmienda socialista para que las rentas de capital tributen al tipo medio tendría efectos contraproducentes porque causaría una "deslocalización de capitales". Marquet había precisado que "lo primordial en este tipo de rentas para saber si son capitales especulativos es el plazo, y cuando permanecen al menos dos años no hay que considerarlos como tales". José Luis Telleria (EA) también defendió el tipo único del 20% para estas plusvalías, porque "no podemos ser una isla fiscal". Ruptura de la igualdad El socialista José Morcillo argumentó a favor el tipo progresivo para estos incrementos patrimoniales, al asegurar que "beneficiaría a todos los que ganan menos de cinco millones de pesetas y al pequeño ahorrador". Mantener el tipo del 20% supone, según los socialistas, "la ruptura del principio de igualdad en el tratamiento fiscal de la ciudadanía". Esta argumentación también fue desarrollada por el juntero de IU Jon Lasa, quien subrayó que la reforma del modelo fiscal "va a contribuir a crear un sistema cada más proporcional y regresivo en el que, a efectos de tributación, va a importar menos el nivel de renta que genera cada persona". Lasa consideró que la lucha contra el fraude fiscal es más "urgente y prioritaria" que la reforma del IRPF, que a su juicio tenía que haberse diseñado con criterios de progresividad y capacidad económica para "fortalecer las políticas de gasto público". Sin embargo, apuntó que el proyecto aprobado "recorta la progresividad y lamina la suficiencia y equidad del sistema fiscal". El paquete de enmiendas parciales presentadas por los grupos de la oposición fueron rechazadas una tras otra por el tripartito, mientras que el PP optó por abstenerse. Pese a alcanzar acuerdos para mejorar el tratamiento fiscal de los separados y de los pequeños profesionales, su portavoz, Álvaro Moraga, justificó su abstención porque el tripartito había aplicado el "rodillo".

Las tres haciendas vascas y la Agencia Tributaria han optado por dos Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas de filosofías opuestas. El PP y el PNV, pese a sus acuerdos en Madrid, han marcado diferencias en sus zonas de influencia. Los populares han rebajado el impuesto a todos por igual; el PNV ha optado por la progresividad -se ha bajado a todos, pero más a los que menos ganan-. La bajada media en Euskadi ronda el 10%. La progresividad del IRPF vasco viene determinada en que las principales deducciones se establecen en la cuota (la cifra que queda una vez que se ha aplicado la tarifa), mientras en la reforma estatal se aplican a la base imponible. Otra de las diferencias con la reforma estatal es la tarifa. Mientras en Euskadi el tipo mínimo se establece en el 17% -antes estaba en el 20%- en el resto de España está en 18%. El tipo máximo pasa del 56% al 50% en el País Vasco y al 48% en territorio común. En todo caso, la vida del IRPF vasco puede tener una fecha de caducidad: las elecciones a Juntas Generales del próximo mes de junio. La estructura central de la norma se ha realizado gracias a un acuerdo entre el PNV y su socio en Guipúzcoa y Álava, el PSE,y con acuerdos puntuales con el PP. Si la actual composición de las Juntas varía mucho, algo que puede pasar a tenor de los resultados de las autonómicas de octubre pasado, las tres normas pueden tener una vida efímera y dispar. Los populares, si tocan poder, y en Álava tienen muchas posibilidades, ya han anunciado una reforma de la norma orientándola al modelo estatal. En Guipúzcoa, si EH mantiene los resultados también podría tocar la norma. Así las cosas, la desarmonización fiscal vasca será el quebradero de Juan José Ibarretxese, impulsor de la reforma y para entonces lehendakari.