Gil recibe dos varapalos judiciales por su gestión urbanística en Marbella

El alcalde de Marbella, Jesús Gil, recibió ayer dos varapalos judiciales en asuntos relacionados con su gestión urbanística. El Juzgado de Instrucción número 3 de Málaga ha desestimado la querella contra la Comisión Provincial de Urbanismo, a la que acusó de prevaricación por suspender la aprobación del PGOU de Marbella. Además, el Juzgado número 1 de esta localidad desestimó la cuarta recusación de Gil contra el juez Santiago Torres, ex instructor del caso Belmonsa, que investiga la concesión de una licencia de obras en zona verde.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Málaga ha desestimado la querella por prevaricación presentada por el Ayuntamiento de Marbella contra la Comisión Provincial de Urbanismo, dependiente de la Junta, al entender que lo único que hay son "notables discrepancias jurídicas entre los acuerdos de la Comisión y lo que el Ayuntamiento de Marbella entiende, subjetivamente, como ajustado a la legalidad". Añade el auto que "existen dudas más que razonables sobre las ilegalidades que se dicen cometidas por los querellados, pues en las citadas comisiones intervinieron letrados que emitieron dictámenes, lo que dificulta o hace dudar más que razonablemente sobre la posible ilegalidad de lo actuado". El informe fiscal que acompaña al auto indica, además, que el hecho de que se presentara una querella contra todos los miembros de la comisión que votaron a favor de la suspensión del PGOU "supone, de alguna manera, una forma indiscriminada de dirigir la querella contra todo aquel que ha votado a favor de un determinado acuerdo sin explicar ni acreditar el posible interés subjetivo que cada querellado pudiera haber tenido en conculcar la legalidad administrativa". El auto razona que "las discordancias deben ser resueltas en la vía contencioso administrativa, cuyas competencias no pueden ser invadidas por la Jurisdicción Penal, como parece pretender la parte querellante, quizás por la rapidez de la jurisdicción penal o por lo llamativo de la misma ante los ciudadanos y los medios de comunicación". Por otro lado, el Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella rechazó ayer la cuarta recusación presentada por Gil contra el juez Santiago Torres en relación al caso Belmonsa, al entender que "se actuó con mala fe y se produjo un claro abuso de derecho por parte de los recusantes". El juzgado ha impuesto a Gil y al resto de los ediles marbellíes firmantes de la recusación el pago de una multa de 100.000 pesetas y la asunción de las costas procesales. Esta es la segunda ocasión en que este juzgado impone a Gil una multa por una recusación presentada contra Torres, anterior instructor del caso Belmonsa, apartado del caso por un decreto de la juez decana de Marbella, Pilar Ramírez. Gil basó esta cuarta recusación contra Torres en cuatro denuncias anteriores presentadas contra el juez por él y su grupo ante el Consejo General del Poder Judicial, que han sido archivadas por falta de fundamento jurídico. En el auto judicial se estima que "haber denunciado a un juez es causa susceptible de recusación siempre que se trate de hechos punibles y que hubieren dado lugar a la apertura de un procedimiento penal, circunstancias que no concurren en este caso, por lo que procede a su archivo", y precisa que "contra el rechazo de la recusación no admitirá recurso alguno".