Barcelona crea un almacén para muebles de familias objeto de desahucio

El ayuntamiento de Barcelona creará un depósito municipal para los enseres de los desahucios judiciales y una tasa sobre su almacenaje ante los problemas que provocan los más de 4.000 desahucios anuales. Estas actuaciones judiciales presentan un problema suplementario para los ciudadanos que los sufren, ya que además de perder su casa a menudo pierden sus bienes muebles por la falta de un depósito municipal donde puedan guardarlos temporalmente.

El problema aparejado a los desahucios ha sido denunciado por entidades como Justícia i Pau y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha instado al ayuntamiento a actuar para solventarlo. Finalmente el asunto llegará al pleno municipal de mañana martes a través del establecimiento de un convenio con el TSJC. El acuerdo prevé una colaboración entre los servicios sociales municipales y el decanato del Juzgado de Barcelona para que se prevengan o palien las situaciones de familias que pierden súbitamente su vivienda y que no disponen de recursos personales y económicos para hacer frente a la situación. El depósito municipal para bienes procedentes de desahucios probablemente se instalará en una nave de más de 4.000 metros cuadrados en la Zona Franca de Barcelona, donde los enseres podrán permanecer unos dos meses para ser reclamados, plazo después del cual pasarán a considerarse abandonados. También se prevé establecer convenios de colaboración con empresas de inserción social y que den trabajo a personas con dificultades de inserción laboral para el reciclaje y venta de los materiales acumulados y que no hayan sido reclamados por sus propietarios en el plazo fijado. La brigada municipal encargada de recoger los enseres será informada diariamente por los juzgados de la ciudad sobre los desahucios a realizar y se presentará en el lugar en función del inventario hecho por el responsable judicial del alzamiento. De acuerdo con él, se procederá a cargar el vehículo municipal y el documento de inventario será firmado por el propietario del local vaciado, por el responsable judicial y por el personal del equipo. El ayuntamiento sopesa crear una tasa municipal por este servicio de almacenaje de enseres, cuyo coste aproximado será de más de 86 millones de pesetas al año.