Los colegios médicos pagan 287 millones para evitar litigios
La Organización Médica Colegial ha decidido pagar 287 millones de pesetas a 135 centros de reconocimiento que expiden certificados para el carné de conducir, para poner fin a los litigios que esos centros mantienen contra los colegios médicos en los tribunales. El origen del conflicto se remonta a los primeros años ochenta, cuando los centros de reconocimiento se veían obligados a adquirir los impresos de los certificados a los colegios provinciales.Esos 135 centros exigían a los colegios la devolución de 441 millones por lo que, a su entender, eran unos precios abusivos de los impresos, que superaban con mucho los costes de edición y distribución. Las partes aceptan ahora una cancelación parcial del 64%. El problema no existe desde 1985, cuando los certificados para el carné de conducir dejaron de ser exclusiva de los colegios.
La Organización Médica Colegial creará una comisión formada por los colegios de Madrid, Zaragoza, Córdoba, Burgos y León para precisar la forma de efectuar el pago.
Estos casos se suman a los de otros 47 centros de reconocimiento a los que el Tribunal Supremo ya ha dado la razón, y que deberán cobrar alrededor de otros 500 millones de los colegios por la misma causa. Además, hay otros 60 centros que siguen tramitando actualmente otra demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por el mismo motivo.
Otros certificados
Un problema similar al de los antiguos certificados para el carné de conducir persiste aún con el resto de los certificados, llamados ordinarios, y que deben presentarse por los ciudadanos en multitud de situaciones. Los colegios médicos de las distintas provincias españolas cobran por estos impresos precios que varían entre las 300 y las 2.000 pesetas, justificando esos costes con conceptos dispares.La organización colegial ha acordado ahora unificar los criterios entre los distintos colegios provinciales. El organismo realizará una encuesta entre los colegios provinciales y reunirá luego a los asesores jurídicos de todos ellos, con el objetivo probable de suprimir una fórmula de sobrecoste conocida como taloncillo.
Muchos colegios provinciales utilizan en la actualidad esos taloncillos, una especie de etiquetas pegadas a los impresos, para encarecer los certificados, a veces hasta las 2.000 pesetas, por una variedad de conceptos como cobro de honorarios mínimos, reconocimiento de firma o aportaciones a patronatos de viudas y huérfanos, cuya legalidad está puesta en tela de juicio.
Un dictamen del Consejo de Estado y tres sentencias del Tribunal Supremo establecen con claridad que los colegios no están autorizados a cobrar por los impresos más de lo que cuesta su edición y distribución, lo que en ningún caso superaría las 200 pesetas. Este asunto también ha dado lugar a una querella.
