Restaurar la razón

Parece razonable que el PP, o cualquier otro partido, pida en el Parlamento andaluz más dinero (160 millones) para que se lleven a cabo las restauraciones de las iglesias sevillanas de San Vicente, San Andrés, San Román y San Bartolomé. Son monumentos con envergadura históricó-artística suficiente como para justificar la inversión, tanto en su fábrica arquitectónica como en las imágenes y retablos que albergan. Parece razonable que se invierta dinero público en la restauración de iglesias y catedrales, aunque sean propiedad de la Iglesia, porque dada las peculiaridades históricas de nuestra ciudad, y de nuestro país, una gran parte del legado artístico está vinculado a lo religioso. Parece razonable que si la administración incumple plazos, se retrasa en la entrega de obras o no invierte lo necesario para llevar a cabo estas restauraciones, se la apremie y se le exija una mayor atención al patrimonio considerado en su globalidad. Y parece razonable que en el legítimo combate político entre los partidos estas cuestiones se utilicen para exigir responsabilidades u ofrecer alternativas. Pero no parece atenerse a razón que en el calor de la contienda se hagan juicios sumarísimos, se viertan opiniones que se pueden refutar con cifras o se simplifique la realidad reduciendo toda una línea de actuación a estos casos concretos. Porque entonces da la sensación de que el interés restaurador y patrimonial del PP es sobre todo político, que se ha inflado abusivamente la parte intentando oscurecer el todo, y que al final importa más dañar la imagen del PSOE que beneficiar a los templos afectados por estos ciertamente desmesurados tiempos de restauración. Así, estando de acuerdo, por ejemplo, en que es escandaloso el número de años que lleva cerrada la parroquia neoclásica de San Bartolomé, o la mudéjar de San Andrés, no se puede estarlo en lo de la "dejadez y el abandono al que las han sometido el gobierno socialista". Dicho así, sin contextualizarlo con otros datos, la frase se convierte en algo más peligroso que una mentira, en una verdad a medias. La dejadez y el abandono pueden ser ciertos en estos casos, pero habría que hablar también de prioridades, de un patrimonio no sólo religioso, de la obligación de atender a todos los colectivos andaluces y no sólo al católico. Sobre todo, habría que hablar de la desidia de los católicos españoles, de su hábito de dependencia de lo público (heredado de los tiempos en el que el catolicismo era religión de Estado), de su mucho pedir y su poco dar a su propia iglesia y de su reticencia a aceptar que son sólo un grupo, por importante númerica, histórica y culturalmente que sea, entre otras confesiones religiosas que tienen el mismo derecho a recibir asistencia de un estado felizmente aconfesional. Todos no pueden pagar todo lo que es de algunos, aunque estos sean muchos. Y habría que hablar de las restauraciones llevadas a cabo por la Junta de Andalucía en obras escultóricas, pictóricas y arquitectónicas que son propiedad de la Iglesia. ¿O es que el Instituto Andaluz de Patrimonio no se ha convertido en el centro de restauración más respetado de la región?