El Parlamento navarro pide el acercamiento a Pamplona de un preso de etnia gitana

Mariano Jiménez Abajo entró en prisión en 1978. Tenía 17 años y una condena por violación con participación de terceros. Pero durante veinte años ha soportado otra condena añadida: ser gitano y pobre. Por vez primera en su historia, todos los partidos del Parlamento de Navarra han pedido unánimemente que su único deseo, por el que se ha autolesionado en múltiples ocasiones e intentado suicidar otras dos, se haga realidad. Que Mariano sea trasladado desde la prisión alavesa de Nanclares de la Oca a la de Pamplona para poder estar más cerca de su madre, una mujer de 70 años, enferma, vecina del pueblo de Astrain, y a la que el joven ha visto en contadas ocasiones en estas dos décadas. La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra escuchó semanas atrás las consideraciones que la asociación de apoyo a presos sociales Salhaketa realizó sobre el caso de Mariano Jiménez. Por razones humanitarias y abriendo una vía inédita, la Cámara ha pedido a la Dirección de Instituciones Penitenciarias que, "teniendo en cuenta la situación personal y familiar" del preso, éste sea trasladado a Pamplona para acabar su larguísima condena. La historia de este gitano navarro es parecida a la otros reclusos salidos de la pobreza y la marginación social. Una sucesión de pequeños hurtos y, a los 17 años, una condena a veinte de cárcel por violación. Su padre murió asesinado. Su madre subsistía de la mendicidad y una pequeña pensión asistencial del Gobierno de Navarra. Son una familia numerosa. Su inadaptación al régimen penitenciario y su dependencia familiar le llevaron a intentar quitarse la vida en las cárceles de Pamplona y Carabanchel y a causarse autolesiones en múltiples ocasiones durante los primeros años de condena. Una larga condena que ha tenido que penar en las prisiones de Logroño, Ocaña, Carabanchel, Puerto de Santa María, Burgos, Daroca y Nanclares. En cada prisión, un mayor aislamiento. Antidepresivos, medicación, pero jamás una verdadera tarea de rehabilitación personal, según denuncia Manuel Ledesma, abogado de Salhaketa. PASA A LA PÁGINA 6