La ley de las mafias prospera en Galicia

Es una norma económica básica: cuando aumenta la oferta, los precios caen. Y en Arousa, la cocaína se paga ahora, en el comercio mayorista, a 2,3 millones de pesetas el kilo, la mitad que hace unos años. En el menudeo puede comprarse perica de buena calidad a 6.000 pesetas el gramo, 4.000 menos que en Madrid. No hace falta ser un Keynes para colegir que la mercancía colombiana sigue entrando a espuertas por la costa gallega. El negocio no requiere grandes inversiones, aunque cada vez resulta más peligroso, como lo ha vuelto a demostrar el reciente secuestro del hijo de un empresario de Cambados (Pontevedra). En los últimos seis años, doce personas han sido asesinadas en ajustes de cuentas.Montar una operación de narcotráfico es cuestión de contactos, no tanto de dinero. Lo primero es ganarse la confianza de los colombianos y, luego, afrontar los costes del flete de un barco y reclutar una tripulación. Nada fuera del alcance de cualquiera de las nuevas bandas, que suelen actuar mediante alianzas coyunturales. Los gallegos desempeñan una labor de meros transportistas que cobran en especie y luego venden la parte de la droga que les ceden los colombianos como pago. Si en vez de cocaína se quiere introducir hachís de Marruecos, los gastos se reducen aún más. Incluso puede servir cualquier pesquero dispuesto a dejarse sobornar.

Algo así era lo planeado por Antolín Fernández Pajuelo, un vecino de A Guarda (Pontevedra) en busca y captura desde 1992. Pajuelo quería dinero para financiar un transporte y trató de obtenerlo con el secuestro de José Luis Gómez Cores, hijo de un próspero empresario de la construcción de Cambados, José Luis Gómez Falcón, al que la policía ha investigado sin resultado por supuesto narcotráfico.

Gómez Cores, liberado en Caminha (Portugal) el pasado martes, ha declarado que su secuestro se debió a un error. Y a otro, cabría decir, su liberación, ya que los captores actuaron con tanta temeridad como chapucería: olvidaron registrarle, y así el joven, encerrado en el maletero de un coche, pudo dar cuenta de sus movimientos a la Guardia Civil mediante un móvil que llevaba en un bolsillo del pantalón. Cuando su madre acudió a una cita en Cascais, cerca de Lisboa, para saber de las condiciones del rescate, Fernández Pajuelo le preguntó cándidamente si le había seguido la policía. Ayer, el director general de la Policía, Juan Cotino, advirtió a los implicados, ahora en libertad bajo fianza en Portugal, que serán detenidos si cruzan la frontera hacia España. Otros episodios semejantes, ejecutados con más o menos acierto, se han sucedido en los últimos meses en distintos puntos de Arousa, todos ellos vinculados por la policía a deudas por operaciones de narcotráfico. La primavera fue particularmente pródiga. A Gómez Falcón le quemaron entonces varias máquinas de su empresa. En marzo, el presunto narcotraficante Ramón Cores fue rematado a tiros en una pista forestal de Caldas de Reis. A un matrimonio de Cambados lo asaltaron en su domicilio dos jóvenes que lo amenazaron con pistolas y huyeron al aparecer una hija de la pareja. Días después, Manuel Abal Patoquiño, procesado en el caso Nécora, se salvó de caer en manos de otros dos hombres, o los mismos, que lo buscaban para matarlo y que se contentaron con abandonar su casa al entregarles su esposa seis millones de pesetas.

El uso de pistolas se está haciendo ostensible en Arousa, donde los vecinos han llegado a presenciar en locales públicos discusiones subidas de tono por el alcohol sobre las virtudes de las distintas marcas de armas. En Portugal es fácil adquirirlas. La excitación que origina el consumo de cocaína -al que son adictos muchos de sus distribuidores- y la presión de los colombianos anima a algunos a dirimir sus diferencias a tiros.

No se debe, sin embargo, extraer conclusiones apresuradas, según la policía. "Es verdad", opina un alto mando, "que los narcos se han vuelto más violentos, pero en el mismo grado que el resto de la sociedad. No vemos peligro inminente de que esas actuaciones se generalicen". Tampoco los ciudadanos parecen alarmados, quizá por la falta de víctimas civiles. "Yo nunca he recibido amenazas", dice Mari Carmen Durán, profesora en Cambados y dirigente de los grupos antidroga, "creo incluso que la gente estaba más amedrentada en otras épocas, sobre todo antes de la Operación Nécora, que despertó muchas conciencias". No está tan tranquila Carmen Avendaño, portavoz de la asociación Erguete. La primavera pasada tuvo que recibir custodia policial durante dos meses después de las amenazas que le hizo llegar la banda de Fernández Pajuelo a ella y a uno de sus hijos, de 22 años.

Existe también un tipo de intimidación más sutil, según apunta el ex alcalde socialista de Vilanova de Arousa, Sito Vázquez. "Con su poder económico, los narcos se han convertido en una especie de nuevos caciques. Controlan muchos puestos de trabajo y su influencia llega a altas instancias". Muy distinta, y bastante más optimista, es la percepción del delegado del Gobierno en Galicia, Juan Miguel Diz Guedes, quien sostiene que las estadísticas sobre el número de delitos demuestran que ésta es una comunidad segura. "Hay más víctimas por la violencia doméstica que por el narcotráfico", sostiene. "Ni siquiera hay aquí una especial incidencia del tráfico de drogas", afirma Diz Guedes, "lo que pasa es que puede parecer así por los éxitos policiales alcanzados".