El Partido Popular exculpa a sus dos parlamentarios

El coordinador del Partido Popular, Ángel Acebes, aseguró ayer en San Sebastián, tras conocer la decisión del Supremo, que "no hay ningún indicio para iniciar un proceso contra los parlamentarios del PP". Acebes dijo que su partido promovió una investigación interna y otra en el seno de la Diputación de Zamora para "aportar la mayor claridad" al caso e insistió en que "hasta ahora, ninguna de las investigaciones judiciales han determinado responsabilidades de los parlamentarios nacionales".El diputado José Manuel Peñalosa, uno de los querellados, declaró a Servimedia que no le produce "una inquietud especial" la decisión del Supremo. "Yo no he cometido ningún acto delictivo, por lo que estoy absolutamente tranquilo", añadió.

En términos similares se pronunció el senador y presidente provincial del PP Dionisio García Carnero, también querellado, quien expresó su "más absoluta colaboración con la Justicia" y su "absoluto respeto a todas las actuaciones que tenga a bien realizar".

Críticas de la oposición

Demetrio Madrid, diputado socialista por Zamora y ex presidente de Castilla y León, afirmó que este asunto "es sólo una parte de toda una asociación de socorros mutuos establecida en un momento determinado, tales como la minería, la construcción o subvenciones como la de Pérez Villar. Todo no es más", agregó, "que una compensación a los trabajos hechos por algunos para aupar a Aznar y que ahora le repiten el que hay de lo mío. Por eso no se debería llamar caso Zamora, sino caso Aznar".La coordinadora provincial de Izquierda Unida Laura Rivera señaló que, mientras el PP se vanaglorió en su día de que su parlamentarios no figurasen como imputados en la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, el nuevo giro de los acontecimientos puede demostrar su responsabilidad "e incluso podrían aparecer elementos que impliquen al que era entonces presidente de la Junta de Castilla y León, José María Aznar".

La coalición, que criticó en su día la querella de los diputados provinciales socialistas por considerar que podía retrasar la resolución del caso y que sólo beneficiaba al PP, estudiará ahora adherirse a la causa a través de las diligencias por cohecho que se instruyen en los juzgados de Zamora contra el ex diputado tránsfuga del PSOE José Luis Antorrena López, a quien se atribuye el voto que dio la presidencia de la Diputación al popular Luis Cid en 1987.

El abogado del PSOE Jacobo Echeverría manifestó que la decisión del Supremo ha impedido que pudiesen prescribir algunos delitos.