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PP y PSOE se acusan de tener ex altos cargos que especulan en Chamartín

Vicente G. Olaya

La Operación Chamartín, diseñada por Renfe en 1993 para modernizar su estación y los alrededores recalificando suelo para levantar viviendas, oficinas y parques, se ha convertido en el instrumento perfecto para que especulen ex altos cargos socialistas y populares. Eso al menos dijeron ayer dos representantes cualificados de ambos partidos: Alberto Ruiz-Gallardón, presidente regional, y Juan Antonio Ruiz-Castillo, diputado y portavoz socialista de Vivienda.Las acusaciones -o revelaciones- surgieron tras la interpelación de Ruiz-Castillo al Gobierno sobre los "motivos que están dificultando el desarrollo de la Operación Chamartín". El diputado aseguró que este proyecto presentaba un lado "muy oscuro" y en él se cruzaban "amenazas y coacciones" por parte de diversos dueños de los terrenos.

La respuesta de Alberto Ruiz-Gallardón fue tajante. El presidente denunció "la aparición de sociedades instrumentales" que estaban "acaparando derechos de reversión". Y tras acusar al PSOE de no haber sabido poner en marcha la operación, a pesar de haber sido diseñada durante su mandato, señaló a Jesús Espelosín, ultimo concejal de Urbanismo del PSOE, de ser "el representante de los especuladores".

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Compañía de Jesús

Espelosín: "No he comprado ni he vendido nada, sólo asesoro a antiguos propietarios"

El diputado socialista puso como ejemplo que el ex director general de Industria Leopoldo del Pino es actualmente un alto ejecutivo de la empresa Ferrovial, promotora inmobiliaria que compró una parte de los derechos de la reversión de los terrenos del Canal de Isabel II en la plaza de Castilla. En esta parcela, la Comunidad pretendía construir la sede del Tribunal Superior de Justicia. Sin embargo, la aparición de Ferrovial en la operación abortó los planes regionales. El Gobierno, ante la aparición de la constructora, que ofreció precios muy superiores a los fijados por la Comunidad, dio carpetazo al plan. Ahora, según afirmó ayer Ruiz-Gallardón, no quiere repetir la experiencia en la Operación Chamartín.La crispación desatada por el debate urbanístico se apagó cuando los diputados votaron por unanimidad modificar la Ley de Coordinación Universitaria, con el fin de que se puedan incorporar al Consejo Universitario dos representantes de los alumnos.

También por unanimidad, el pleno de la Asamblea aprobó la Ley de Acceso de las Personas Ciegas Usuarias de Perros Guía. Según esta norma, las multas por impedir el acceso, el deambular y el permanecer a los perros guía en transportes públicos, bares, restaurantes, hoteles, comercios y cualquier establecimiento de titularidad privada pueden llegar a los dos millones de pesetas.

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Sobre la firma

Vicente G. Olaya
Redactor de EL PAÍS especializado en Arqueología, Patrimonio Cultural e Historia. Ha desarrollado su carrera profesional en Antena 3, RNE, Cadena SER, Onda Madrid y EL PAÍS. Es licenciado en Periodismo por la Universidad CEU-San Pablo.

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