25 millones de toneladas de tierra

La Consejería de Medio Ambiente coincide con los ecologistas en las graveras y las infraestructuras que atraviesan el parque regional del Sureste: son los mayores peligros que se ciernen sobre esta zona natural. Por ello, Medio Ambiente elaboró el pasado mayo un borrador del plan de ordenación de recursos del parque que obligaba a las graveras a abandonar, antes de cinco años, las zonas más sensibles de esta reserva natural. Además, las extractoras estaban obligadas a recuperar anualmente el suelo que fueran agotando y a reponer, con una cubierta vegetal de 70 centímetros, las zonas afectadas. Las graveras, para extraer la ansiada tierra de construcción, abren enormes boquetes en las orillas de los ríos. Acaban con la vegetación de ribera, destruyen los meandros naturales y dejan unas gigantescas hoquedades a su marcha. Los ríos, sin meandros, terminan convirtiéndose en corrientes de agua lineales, que no pueden retenerse en ningún recodo. En época de sequía, las aguas, sin retenciones naturales, desaparecen. En época de lluvias, la corriente arrastra las tierras sin protección natural, se producen taponamientos de puentes y posteriores riadas.El consejero de Economía, Luis Blázquez, llegó ayer a un acuerdo con la Asociación Nacional de Fabricantes de Áridos para realizar un estudio que determine cuáles son las posibilidades de las reservas de áridos en la Comunidad de Madrid.

El consejero cree que se pueden conjugar los intereses medioambientales con los económicos. En la región existen 22 empresas dedicadas a la explotación de gravas, un elemento esencial para construcción. Anualmente se extraen 25 millones de toneladas. "Habrá que hacer un sacrificio por todas las partes", señaló Blázquez.