Los consumidores creen que el pacto con las eléctricas impide una rebaja de tarifas

Los pequeños consumidores han expresado su temor a que la titulización de un billón de pesetas de los costes de transición a la competencia (CTC) de las compañías eléctricas deje al Gobierno "maniatado a la hora de fijar la tarifa y de asegurar el compromiso de calidad del suministro", según Juan del Real, director de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).Del Real critica el pacto alcanzado entre el Ministerio de Industria y las compañías eléctricas. Considera que los CTC, que no cuestiona en ningún momento, constituyen una "preciosa herramienta de negociación" para el Gobierno, por lo que su titulización -que conlleva ceder a los bancos el derecho de cobro de un 4,5% de la tarifa eléctrica durante 15 años- le hará perder "poder coercitivo" frente a las empresas.

Para la OCU, esta operación trasladará incertidumbres a los consumidores, ya que en el futuro pueden ver frustradas sus expectativas de nuevas rebajas tarifarias ante la previsible pérdida por parte del Gobierno de margen de maniobra para fijar descensos en la tarifa eléctrica.

Esta advertencia figura en una carta remitida por la OCU a los distintos grupos parlamentarios, con el fin de que tengan presentes las posibles consecuencias que puede acarrear la titulización si prospera la enmienda que el Partido Popular presentó la pasada semana en el Senado con objeto de introducir la operación en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado de 1999.

Importe máximo

La OCU recuerda que la Ley Eléctrica de noviembre de 1997 recoge los CTC como un importe máximo, regulando su percepción por las compañías con arreglo al precio de generación, por lo que considera que las eléctricas no pueden invocarlos como un derecho adquirido.A su juicio, la titulización, que introduce un "recargo" del 4,5% en la tarifa, supondría consagrar en beneficio exclusivo de las compañías una serie de cantidades muy difíciles de fijar y que deberían atender a criterios como evolución de la demanda, de los tipos de interés y del valor residual de las inversiones.

De acuerdo con estos criterios, Del Real cree que la tarifa debería haber bajado este año un 8,3%, en línea con la opinión de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico (CNSE), en vez del 3,6% fijado por el Gobierno. En su opinión, la cuenta de resultados de las compañías "va mejor de lo previsto", lo que demuestra que no necesitan recibir ningún tipo de ayudas en concepto de CTC.

El director de la OCU expresó su protesta formal ante la "forma opaca" en que se ha planteado la negociación entre Industria y las eléctricas sobre esta cuestión, "de espaldas a los consumidores y al margen de la Comisión Eléctrica". "Los consumidores acabamos pagando los errores de previsión y las negligencias de todo tipo, por eso nos creemos con derecho a exigir transparencia en todos los procesos que suponen exacción y nuevas fórmulas recaudatorias. Al final, los consumidores nos acabamos convirtiendo en una especie de accionistas forzosos de las compañías, pero sin posibilidad de participar ni en juntas ni en dividendos", recoge en la misiva.

Los pequeños consumidores tienen suscritos un total de 19 millones de contratos con las compañías eléctricas. Su consumo medio es de 2.370 Kwh al año, con un gasto anual de 49.000 pesetas por consumidor.

Por su parte, el secretario general de la Federación Socialista Madrileña (FSM), Jaime Lissavetzky, manifestó ayer que "es una tomadura de pelo la concesión del Gobierno a las compañías eléctricas de un billón de pesetas".