ETA diseñó el alto el fuego como un "instrumento más de la lucha armada"

La tregua no es el fin de la lucha armada, sino su continuación por otros medios. Así se deduce del mensaje que la cúpula de ETA remitió en 1995 a la dirección de KAS en España, en el que analizaba las ventajas y los riesgos de un cese indefinido de la violencia. "De actuar mal, por supuesto, podría ser nuestra extinción; en cambio, si actuamos bien, podemos transformar el alto el fuego en otra arma contra el enemigo", afirmaban Ignacio Gracia Arregui, Iñaki de Rentería, Mikel Albizu Iriarte, Antza, y José Javier Arizkuren Ruiz, Kantauri.

El escrito, interceptado por las Fuerzas de Seguridad del Estado, no descalificaba de plano la posibilidad de un alto el fuego, sugerido ya entonces por algunos ex dirigentes encarcelados en Francia y España, pero advertía de que su eficacia dependía del uso que se hiciera del mismo, "como ocurre con el resto de los instrumentos de la lucha armada". Evidentemente, ETA no consideró entonces que se dieran las condiciones para afrontar con éxito un proceso de estas características y se lanzó, por el contrario, a una brutal campaña de atentados contra los concejales del PP, que llegó al culmen con el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco en julio de 1997.Otro párrafo del mismo documento arroja luz sobre las dudas que suscitaba en la dirección de ETA la eventualidad de una tregua indefinida: "De entrar en un alto el fuego, además de la fuerza que hay que demostrar, mientras tanto tenemos que demostrar también que si no se rompe nunca somos capaces de dar semejante respuesta. Si no fuera así, o nos sentiríamos obligados a continuar adelante (y en consecuencia el proceso quedaría bastante condicionado) o tendríamos que romperlo, pero nuestra credibilidad iría perdiendo sin cesar".

Aunque el texto resulta a primera vista ininteligible, los expertos antiterroristas han conseguido descifrar su contenido. A su juicio, lo que plantea la dirección de ETA es que para decretar una tregua hay que conseguir antes una acumulación de fuerzas tal que le permita afrontarla desde una posición favorable. De no lograrlo, agregan, ETA se vería obligada a mantener el alto el fuego en una situación de debilidad o a romperlo y reiniciar los atentados, lo que le supondría una merma para su credibilidad. Esta acumulación de fuerzas es precisamente la que se produjo con la Declaración de Lizarra, suscrita cuatro días antes del anuncio de tregua, en el que los partidos nacionalistas e Izquierda Unida, así como varias organizaciones sociales y sindicales, asumieron uno de los ejes de la Alternativa Democrática difundida por ETA en abril de 1995: la aceptación pasiva por el Estado de la decisión del pueblo vasco, sin que la Constitución pueda limitar su voluntad soberana. ETA ya expuso en su Alternativa Democrática que "lo único que se debe negociar y acordar con el Estado español es el reconocimiento de Heuskal Herria y la eliminación de las limitaciones jurídicas y políticas". Ello explica las dificultades para poner en marcha las negociaciones entre el Gobierno y ETA, que, pese a la autorización pública del presidente Aznar, no han pasado todavía de contactos exploratorios.

El Ejecutivo sólo quiere hablar de la situación de los presos y prófugos de la banda, mientras que ETA se resiste a desprenderse de su última baza, con una renuncia definitiva al uso de la violencia, mientras no obtenga garantías de que el proceso alumbrado en Estella avanza según sus previsiones. El Gobierno no puede aceptar que el cese de la violencia tenga un premio político y ETA no puede asumir que sus miembros hayan ido a la cárcel sólo para acabar luchando por salir de ella.

En todo caso, según las fuentes consultadas, la negociación política no se producirá entre el Gobierno y ETA, sino en la mesa de partidos vascos que, con participación de Euskal Herritarrok, convocará tras las Navidades el lehendakari Juan José Ibarretxe.