El movimiento ciudadano toma la iniciativa para evitar un estallido social tras los sucesos de Natzaret

VIENE DE LA PÁGINA 1 La sensación que asalta a muchos habitantes de Natzaret es que al atravesar su portal pueden morir "de cualquier manera". Por un accidente en las bases de contenedores, un camión desbocado, un incendio como el del pasado verano en la empresa aceitera Moyresa o una reyerta callejera. El listado lo enumera con pesar la portavoz de la Asociación de Vecinos de Natzaret, Maite Biosca. "La gente vive con una sensación de rabia y miedo contenido", dice descorazonada. De esta situación general de "inseguridad ciudadana" responsabilizan al Ayuntamiento de Valencia y le reclaman que tome medidas para poder "vivir seguros, como ciudadanos de primera, al igual que los residentes en la Gran Vía o en la calle de Colón". El Consistorio, apremiado por el clamor ciudadano, se comprometió ayer a paliar estas deficiencias históricas. En la reunión que se celebró en la Subdelegación del Gobierno los responsables municipales ofrecieron aumentar el número de agentes de Policía de Barrio y Policía de Proximidad que patrullan las calles, además de agilizar los trámites para trasladar fuera del casco urbano las bases de contenedores y acabar así con el tráfico de camiones. Pese a esta reacción, los colectivos vecinales no olvidan que ningún representante del Ayuntamiento se personó en el barrio el viernes, cuando se produjeron las dos muertes. "Ni el sábado, ni el domingo, ni el lunes. No han intervenido a pesar del clima de tensión que se había generado por el ensañamiento que sufrió el camionero y la ausencia de detenciones hasta el domingo", recuerda con acritud un representante del movimiento ciudadano. No están más satisfechos con la Policía, a la que critican por la falta de detenciones. Los vecinos no entienden por qué no prenden a más familiares del niño muerto y creen que la Policía "les tiene miedo". "Hace un año denunciamos, con nombres y direcciones, a los grandes traficantes, tanto payos como gitanos, y no se ha hecho nada por detenerles", reprocha Biosca. Los representantes policiales anunciaron en la reunión que están investigando el tráfico de drogas en el barrio pero eludieron informar sobre los avances que han realizado para no perjudicar la tarea de los investigadores. José Antonio Barba, de Natzaret Unido, relata con impotencia que algunos traficantes se jactan en plena calle de que han pagado seis millones de fianza y ya están en la calle. "Encima presumen de que ese dinero lo recuperan en media hora", denuncia. Por su parte, el colectivo gitano tiene en la punta de la lengua estos días el artículo 18 de la Constitución, el derecho al honor. Sienten que se ha dañado "la imagen colectiva de todo un pueblo" a través de informaciones que tratan a todos los gitanos por igual, "como si todos se dedicaran a la droga y fueran gente vengativa", dice indignado Manuel Bustamante, gitano y coordinador de minorías étnicas de la Generalitat. "Desde nuestra creación estamos pidiendo que deje de utilizarse el término gitano cuando se refiere a una fechoría o comportamiento delictivo", se puede leer en el manifiesto redactado por Bustamante en nombre del colectivo gitano que se leerá en la concentración de esta tarde. Reivindica que todos los gitanos no son iguales ni tienen por qué serlo y pide seriedad a los medios de comunicación para evitar "brotes racistas y xenófobos". Juan Roige, vicepresidente de la asociación gitana, se niega a que la tragedia de Natzaret se convierta en "un nuevo caso Alcàsser" y recalca que sólo se prestarán a hablar de tolerancia y respeto mutuo. "Si se utilizan los muertos para hacer reivindicaciones nos vamos", sentencia. Roige y el resto de miembros de la asociación se han negado a participar en debates televisivos de medianoche "para no convertir esta tragedia en un circo".

La familia de José Muñoz, El Sordo, lleva bastantes años en Valencia, y, según confirman varios de sus miembros, está emparentada con los "juaniches", una conocida saga gitana también apellidada Muñoz dispersa en distintos barrios. La madre del Sordo es conocida como La Quiteria, y, como su esposa, vende ajos por distintos mercadillos extraordinarios de la ciudad. Su suegro, el tío Juan, apunta que siempre se ha dedicado a trabajar con la chatarra. Según él mismo, su intención era llevar el cadáver de su nieto a algún tanatorio más o menos cercano, como el de Catarroja, pero un hombre de respeto del barrio, el tío Abelino, les indicó que el velatorio debía celebrarse en el cementerio privado de Riba-roja, más alejado, con el que no llegaron a dar algunos de los familiares. José Muñoz y su esposa tienen dos hijas y un hijo más, mayores que el fallecido. Su hermana y varios de sus amigos indican que Muñoz "no estaba del todo bien de la cabeza, le cuesta hablar seguido más de diez minutos, incluso cobraba una paga por su desequilibrio". Según ellos, su abogado, Jaime Sanz de Bremond, tiene constancia de esta característica de su defendido. La familia tiene también una versión de cómo sucedieron los hechos. Indican que el niño estaba cogido de la mano de su madre instantes antes de ser atropellado. Se soltó, y en ese momento el camión lo aplastó. Los gritos de las mujeres fueron inmediatos, lo que provocó que el conductor, Antonio Civantos, adelantara su vehículo, puesto que el bebé se encontraba atrapado debajo de la rueda. El camionero bajó para comprobar la magnitud de lo sucedido. Todos advirtieron que el niño estaba exánime. Los Muñoz explotaron en alaridos de dolor, y, según ellos, Civantos, asustado, empezó a alejarse, para más tarde correr. Mientras, varios vecinos payos de la zona observaban la tragedia sin intervenir. El Sordo no estaba allí en ese momento, y acudió al lugar donde estaba su hijo alertado por los gritos. Conmocionado, vio que Civantos se escapaba, y se lanzó tras él, enzarzándose en una pelea. Aseguran que el camionero se resistió a Muñoz, que forcejeó con él para detenerle, golpeando y mordiendo al Sordo, que terminó apuñalándole "él solo". La familia opina que si los vecinos hubieran ayudado a detener a Civantos, "la cosa quizás no hubiera terminado así, porque al padre, lo que le encendió fue que el que atropelló al niño se escapara y se revolviera". Ritual solemne Parece que Muñoz, después de su agresión, quedó inconsciente "unos pocos minutos", por lo que lo trasladaron a su casa para "reanimarlo". Todo fue cuestión de minutos, y la policía, que patrulla eventualmente por allí, llegó inmediatamente, aunque tarde. Aseguran que el Sordo, los días en que estaba siendo buscado, "no estaba en casa, aunque sí al lado de su mujer y los hijos que le han quedado". Afirman que carecía de antecedentes penales, lo que impidió que las fuerzas del orden conocieran su rostro. Esto propició, según los suyos, "que pudiera acudir al velatorio y el entierro de su hijo sin ser detenido. Tenía claro que debía acudir, era todo lo que deseaba", y, en su opinión, "también sabía que debía entregarse después, no quería pasar por la ruina de estar siempre huyendo". El contacto con Sanz de Bremond se produjo "a través de amistades". Este abogado defendió a uno de los acusados por la reyerta en El Cabanyal, que enfrentó en 1993 a miembros de dos familias gitanas. El entierro del niño estuvo plagado de tensión, puesto que al desgarro del momento, se unió la gran cobertura de los medios. La comunidad gitana vive la muerte y su ritual con un solemne sentimiento de privacidad, y no concibe la intervención de cámaras. Ante la investigación policial, que baraja que debieron ser tres los agresores, Manuel Bustamante, coordinador de minorías étnicas de la Generalitat, indica que "por honor, ningún gitano permitirá que se encarcele a un inocente, y si se diera el caso, los hipotéticos culpables se entregarían". Un sentimiento que quizás podría llevar a Muñoz a asumir totalmente la muerte de quien atropelló a su hijo.