Las cosas de Teo

"Son las cosas de Teo", confiesa un dirigente del PP, afanado en visualizar en Cádiz el giro al centro. Teo es Teófila Martínez, alcaldesa de Cádiz y diputada popular; y sus cosas, las agrias descalificaciones que dirige, junto a algunos de los miembros de su equipo de gobierno, contra todo colectivo profesional o vecinal, institución, medio de comunicación, ciudadano o partido político que ofrezca una visión discrepante sobre los asuntos de la actualidad municipal. La última ha sido la pasada semana. El arquitecto director de las obras de rehabilitación de la Catedral, Juan Jiménez Mata, autor del primer PGOU de Cádiz y ex edil independiente de Urbanismo en las filas del PSOE -partido con el que se enfrentó luego-, osó advertir de que la construcción de un aparcamiento subterráneo en la Plaza de la Catedral pondría "en serio riesgo" los cimientos por el carácter fangoso del subsuelo. "Jiménez Mata saca este tema por cuestiones espurias", le respondió Guillermo Boto, concejal de Urbanismo, quien sostuvo que era "una pataleta del técnico" por la negativa del municipio a recuperar la linterna del templo. También lo señaló con el dedo como "uno de los que está detrás" de los posicionamientos del Colegio de Arquitectos sobre la política urbanística. Derecho a opinar El Colegio, por segunda vez, ha tenido que salir a defender su "legítimo" derecho a expresar su criterio. "Un Ayuntamiento democrático debería acostumbrarse a admitir las opiniones y, en este caso, la de Jiménez Mata, que es el profesional más capacitado para opinar sobre el entorno de la Catedral, donde trabaja desde hace diez años", respondió Julio Malo de Molina, presidente de la Comisión de Urbanismo del Colegio. No ha sido el único colectivo profesional con el que ha tropezado el PP. Al Colegio de Procuradores lo acusaron de defender exclusivamente sus intereses económicos cuando emitió una respuesta formal a la segregación de la Audiencia Provincial. También Boto descalificó, en otra ocasión a un técnico independiente, que realiza los informes para el grupo de NI; y arremetió contra el Colegio de Arquitectos, después de que éste presentara alegaciones a un concurso y cuestionara una operación que, finalmente, tuvo que ser rediseñada. "Lo que está ocurriendo en Cádiz es que el PP practica un fascismo muy depurado", ha afirmado esta semana Alfonso Perales, secretario de Política Municipal de la ejecutiva federal del PSOE, quien recuerda que "existe ya una larga lista de damnificados por Teófila Martínez". En esa lista se incluye Antonio Gallardo, presidente de la asociación de vecinos del barrio de El Pópulo, a quien descalificaron desde el Consistorio al protestar por la Supertasa por su pertenencia a un partido político. O Antonio Peña, presidente de los vecinos del barrio de Trille, quien, tras criticar la desidia que mostraba el PP por esta zona, recibió el ataque colectivo de hasta siete concejales. Para Nueva Izquierda, dos de cuyos miembros han recibido querellas de ediles del PP, lo que ocurre es que "quieren imponer la ley del silencio en Cádiz, que nadie opine sobre las tropelías urbanísticas que cometen por doquier", resume Juan Ortuño. A las de NI, hay que sumar una querella presentada contra el portavoz del PSOE, Hipólito García, y otra más contra el ex edil del PP Julio Braña. Los requerimientos notariales han sido también práctica común durante los tres años largos de legislatura. El más sonado lo recibió un joven quiosquero que, horas antes, había relatado a los medios de comunicación cómo el concejal de Policía Local, Francisco Súnico, le había conminado a no exhibir la revista Interviu, tras advertirle que podría ser objeto de alguna actuación policial. Los medios de comunicación locales y regionales han recibido la visita el notario para que no se informara de las cantidades extras que percibía el concejal de Cultura de los fondos del grupo municipal. A Braña le costó una querella confirmar esos datos. E, incluso, le valió levantarse un día y leer en la prensa que el concejal de Juventud y Deportes, Jorge Moreno, le amenazaba con revelar datos sobre su vida privada. "Braña ha sido sometido a la peor cacería humana que pueda imaginarse", recordaba Perales esta semana. Revelar datos El profesor de la Universidad de Cádiz Alberto Ramos también vio cómo el concejal de Hacienda, José Blas Fernández, a la vez diputado provincial, pedía que el PSOE de la Diputación diera datos sobre los ingresos que recibía el profesor de esta institución, con la que colabora con la dirección de exposiciones y conferencias. Ramos había criticado días atrás la política de vivienda. Los dirigentes del Sindicato de la Policía Local , como supuestos informadores de las instrucciones del edil del área sobre la presencia de mendigos en la calle, también fueron descalificados . El militante del PP y ex concejal Juan Carlos Romero Abréu se colocó bajo las críticas de Boto por presentar una alegación urbanística. Y hace sólo unos meses, José Blas Fernández arremetió contra la familia de José María Pemán: "Han traicionado la memoria de su padre", dijo. La familia había cerrado un acuerdo con la Caja San Fernando para la venta de la casa y del legado del escritor. Un acuerdo, al margen del Ayuntamiento.