El cupo de los 'invisibles'

Rosa y Adriana forman la cara y la cruz de una misma moneda. Ambas son inmigrantes de países no comunitarios y las dos se presentaron en junio al procedimiento anual de concesión de permisos de trabajo y residencia para extranjeros conocido como cupo o contingente. Pero Adriana es una de las afortunadas que han obtenido uno de los 8.415 permisos autorizados este año en Madrid, con lo que abandona la región de los invisibles, y Rosa, sin embargo, forma parte de los 12.000 inmigrantes cuya solicitud ha sido denegada (4.255) o se han quedado sin plaza (7.000), así que sigue en el difícil mundo de los sin papeles.A esta ecuatoriana de 26 años, que vive desde hace cuatro en Madrid de forma irregular, no le denegaron el permiso, como suele ser habitual, por presentar una oferta de trabajo en la que la solvencia del empleador sea poco creíble.

Su caso es más rocambolesco. "La policía me detuvo por estancia ilegal y me encontraron 11 pequeños anillos de oro que mi familia había comprado con mi dinero en Ecuador para que yo los vendiera aquí en una temporada que andaba sin trabajo y me acusaron de receptación de objetos robados", explica.

El juez sobreseyó la acusación, pero la orden de expulsión que el Ministerio del Interior le decretó sin esperar a la resolución judicial siguió en vigor. Eso se traduce en que, salvo que el recurso que va a presentar por ella el centro de atención a inmigrantes de CCOO dé su fruto ante la Delegación del Gobierno, volverá a pasarse otro año de inmigrante irregular, al menos hasta los siguientes cupos.

Años sin ver a la familia

"No es sólo el miedo a que me vuelvan a detener por ilegal, es que sin papeles no puedo regresar a mi país a visitar a mi abuela y a mis cinco hermanas, y ya llevo cuatro años sin verlas", explica esta mujer, que tuvo que abandonar sus estudios de administración de empresas para ayudar económicamente a su familia.De su primer año en Madrid prefiere ni acordarse. Sabía que emigrar significaba endeudarse con una agencia que le prestaba un dinero para entrar en España como una falsa turista solvente. Pero ignoraba que sus primeros cuatro meses los iba a vivir hacinada en un piso de la Gran Vía con otros 18 compatriotas (30 los fines de semana).

"No teníamos ni camas y, como éramos tantos, siempre había alguien que se pasaba con la bebida o que se ponía a cantar a medianoche. De la suciedad prefiero ni hablar", explica. Aquello pasó a la historia y poco a poco fue encontrando trabajos de interna en el servicio doméstico. "Sólo tuve una mala experiencia, pero, en general, trabajaba muchas horas. Al principio aceptaba sueldos de 70.000 pesetas por 12 horas planchando y cuidando niños, pero ahora ya conozco mis derechos y no admito esas condiciones", añade.

Ahora vive en un piso compartido en Legazpi y trabaja de asistenta por horas. "Gano unas 100.000 pesetas, de las que ahorro la mitad para enviárselas a mi familia", afirma. Sigue sintiendo nostalgia de los suyos, pero intenta sobrellevarla. "Al principio era horrible, a veces me quería morir", asegura.

No sabe el tiempo que se quedará en España. "A mí me gustaría volver, pero todos me dicen que allá las cosas están cada vez peor", añade. Ya no se siente una extraña en Madrid, pero para integrarse del todo necesita algo que aún no posee: papeles.

Adriana (nombre ficticio), una inmigrante búlgara de 24 años, ha tenido este año suerte con la oferta de empleo que ha presentado para trabajar en el servicio doméstico. En realidad, según explica sinceramente, dicho empleo no existe; fue un amigo suyo el que se ofreció a fingir que estaba dispuesto a contratarla para que resolviera sus problemas de papeles. Se trata de una argucia muy habitual que esconde una verdad a medias: tiene un empleo, pero no el que ha presentado ante las autoridades. Adriana trabaja cuidando a una anciana que no estaba dispuesta a rellenar ningún formulario de los cupos ni a pagarle la Seguridad Social. Así que ella decidió, tras hablar con su amigo, presentar a Trabajo una oferta ficticia que no sólo le servirá para regularizarse, sino también para pagarse ella misma la Seguridad Social, requisito indispensable para renovar dentro de un año el permiso de residencia que ahora obtiene. "Tengo trabajo, como la mayor parte de los inmigrantes en situación irregular, porque de algo tienes que vivir, pero necesito el permiso de residencia para cosas tan simples como abrir una cuenta bancaria", asegura esta mujer, que en su país ejercía de periodista en un pequeño diario y que ahora escribe siempre que puede. "Allí no vivía muy mal, pero tampoco te llega el dinero que ganas para nada; por ahora no me arrepiento del paso que he dado, aunque nunca sabes dónde vas a acabar", añade.

Está convencida de que su nivel de estudios le ayudará a salir adelante. Pero cuando hace año y medio llegó a Madrid con un visado de turista y decidió quedarse tuvo que recurrir a un piso de acogida para inmigrantes, porque no tenía ni para pagar una habitación.

Los cupos no son el único método que tiene un inmigrante para regularizar su situación, pero sí el más eficaz, porque, a diferencia del sistema ordinario, en él las solicitudes no pueden denegarse alegando que hay desempleados españoles en el sector en el que quiere trabajar el inmigrante. De hecho, los cupos se fijan en nichos laborales como la agricultura o el servicio doméstico, que no son muy demandados por los parados españoles.

De las 7.000 solicitudes que han quedado fuera de cupo -es decir, ni concedidas ni denegadas, simplemente sin estudiar, porque las plazas ya estaban cubiertas cuando éstas se presentaron-, sólo tienen una segunda oportunidad las de los inmigrantes chilenos, ecuatorianos y peruanos o de aquellos que tienen familiares directos con residencia estable en España.

En todos esos casos pueden presentarse al sistema ordinario de obtención de permisos laborales, sin que, como es habitual, les denieguen la petición por la existencia de parados en el sector en el que quieren trabajar. En 1997 consiguieron repescarse 3.500 solicitudes excedentes de cupo por medio de esta vía.

El procedimiento para acceder a los cupos es el siguiente: el inmigrante presenta una oferta firme de empleo al Ministerio de Trabajo. Si éste la acepta y el Ministerio del Interior no tiene ninguna orden de expulsión contra el solicitante, éste debe regresar al país de origen para recoger un visado que le permita vivir legalmente en España. Después de todos esos pasos puede retirar su permiso de trabajo y residencia, válido por un año y renovable.