La carencia de medios impide la implantación de los juicios rápidos

No hay ni fotocopiadora. Los jueces de instrucción de Valencia dejaron ayer patentes dos cosas ante el delegado del Consejo General del Poder Judicial en la Comunidad Valenciana (CGPJ), Francisco Monterde. Una, su voluntad de contribuir a la implantación en su jurisdicción de juicios rápidos -a celebrar en un día, mientras los actuales duran meses-. La otra, la imposibilidad de realizarlos con la infraestructura actual: el juzgado de guardia, por no tener, no tiene ni fotocopiadora.

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC) realizada en 1988 contemplaba la realización de un nuevo tipo de procesos: los juicios rápidos, creados para mitigar la ya secular lentitud de la justicia española y evitar molestias a los ciudadanos -autores o víctimas del delito- inmersos en un procedimiento judicial. La idea es clara: finalizar en un día la toma de declaraciones y la práctica de pruebas necesarias para juzgar inmediatamente -si "existen los elementos suficientes para formular la acusación", reza la ley- al responsable de un delito, en principio, sin mayor importancia. La antigua propuesta del legislador nunca abandonó la teoría para instalarse en la práctica cotidiana, por lo que una segunda y reciente reforma (en vigor desde el pasado 17 de junio) intenta dotar de contenido a esta figura. De momento, sin mucho éxito: la junta de jueces de instrucción (los magistrados encargados de investigar delitos, 19 en Valencia) dejó patente ayer ante el vocal del CGPJ, el órgano de gobierno de la judicatura, la inviabilidad actual de proceder a la celebración de juicios rápidos. La postura de los magistrados no es inmovilista. Los instructores dejaron clara su voluntad de aplicar este mecanismo de la ley, pero siempre y cuando las infraestructuras y los recursos acompañen. "Sin fotocopiadora en el juzgado de guardia, sin peritos que trabajen en horario de tarde o sin un sistema de notificación que permita la localización urgente de abogados, víctimas o testigos, el sistema está condenado al fracaso", asegura Fernando de Rosa, actual decano de los jueces de Valencia. De hecho, una iniciativa similar de su antecesor en el cargo, José María Tomás y Tío, no funcionó. La Generalitat, a través de la Subsecretaría de Justicia, tiene plena competencia en la dotación de recursos a los órganos judiciales. La celebración de los juicios rápidos sufre la oposición frontal de dos colectivos de gran influencia en el mundo de la justicia: abogados y procuradores. Los primeros no ocultan su profundo rechazo a una iniciativa que, dicen, cercena el derecho a la defensa de los encausados, aunque, bien es cierto, rebaja la duración de los procedimientos, y en consecuencia, sus emolumentos. Los segundos, que ocupan la mayor parte de su tiempo ejerciendo de autorizados y preparados mensajeros entre juzgado y abogado, también verían claramente reducido su actual volumen de trabajo.