Una comisión investigará las irregularidades en el edificio Quinta Clavero
El Ayuntamiento de Málaga acordó ayer constituir una comisión de investigación para determinar las presuntas irregularidades en el expediente urbanístico de Quinta Clavero, un inmueble de lujo enclavado en una zona privilegiada de la ciudad y que lleva paralizado cuatro meses, por construir la promotora una planta de más. La decisión se adoptó en un pleno que tuvo que ser suspendido durante tres horas por las protestas de los funcionarios municipales por la anulación del convenio.
La sesión plenaria de ayer fue la más polémica de la legislatura. Varios centenares de trabajadores municipales invadieron el salón de plenos, incluso subiéndose por las mesas y los escaños de los ediles. Con pancartas y pitos hicieron imposible que continuara la sesión. Tras el desalojo por parte de la policía de varios de ellos, la alcaldesa, Celia Villalobos, decidió suspender la sesión. Los funcionarios utilizaron ayer la caja de resonancia del pleno para radicalizar sus protestas por la suspensión cautelar del convenio colectivo decretada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Villalobos insistió en que su equipo ha hecho "todo" contra esta decisión, como "recurrirla y pedir que se levante la suspensión. Lo que no me pueden pedir los trabajadores es que cometa desacato contra la resolución de un juez", manifestó. La sesión se reanudó tres horas después pero a puerta cerrada por decisión de la alcaldesa. Las protestas de la oposición por esta medida obligaron a Villalobos a permitir la entrada a los periodistas, pero los ediles de Izquierda Unida se fueron de la sala porque no se dejó entrar a los ciudadanos. Esta postura de la federación estuvo a punto de cambiar el desarrollo de la sesión plenaria, ya que sus votos eran indispensables para sacar adelante la comisión de investigación sobre el edificio de Quinta Clavero. Esta comisión, ya con la presencia por la tarde de los ediles de IU, salió por unanimidad, a pesar de que el equipo de gobierno del PP intentó zanjar la polémica con una sanción para la promotora de algo más de 30 millones de pesetas y la demolición de los elementos comunes de la cubierta, según el informe realizado por los técnicos. Una veintena de familias que han adquirido inmuebles en este edificio han decidido constituirse en asociación de afectados y estudian personarse en la causa, al entender que están siendo "los grandes perjudicados" de esta polémica obra.
