Un juez de EE UU abre al Congreso los informes sobre gastos electorales
Un miembro del Partido Republicano y otro del Partido Demócrata en el comité de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes podrán leer los documentos secretos del Departamento de Justicia sobre la presunta financiación irregular de la campaña electoral de Bill Clinton en 1996. Tendrán un tiempo limitado para la lectura de los informes del director del FBI, Louis Freech, y del fiscal federal Charles LaBella, y no podrán hacer copias ni tomar notas de los leido.La juez Norma Halloway Johnson ha tomado una decisión que permite a los republicanos ver cumplido su deseo de ampliar la investigación parlamentaria del caso Lewinsky a otros asuntos turbios que rodean al actual inquilino de la Casa Blanca. Johnson, que emitió una orden judicial que permite el acceso limitado a los informes secretos, justifica su desclasificación parcial en "el interés público".
El Partido Demócrata y los hombres de Clinton criticaron ayer la decisión de ampliar la investigación parlamentaria del caso Lewinsky. Joe Lockhart, portavoz de la Casa Blanca, atacó la "tozudez" del presidente del Comité de Asuntos Judiciales, el republicano Henry Hyde, en contraste con la posición más conciliadora de los presidentes saliente y entrante de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich y Bob Livingston, compañeros de partido de Hyde. Según Lockhart, los resultados de las últimas elecciones demuestran que "todos quieren dejar atrás este asunto".
Bill Clinton, en un acto en los jardines de la residencia presidencial, aseguró que los resultados electorales de hace un mes "demuestran que la gente quiere que miremos al futuro, sin partidismos".
La orden judicial permite el acceso a cuatro informes con detalles de la investigación sobre las fuentes y forma de financiación de la campaña electoral con la que Clinton renovó su presidencia en 1996; en los documentos se explican los indicios de criminalidad por los que se recomienda el nombramiento de un fiscal independiente para indagar en las acusaciones, algo que dos años después sigue aplazado.
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