Los republicanos amplían la investigación de Clinton a su campaña electoral de 1996

La división en dos monolíticos bloques partidistas del comité de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos se agudizó ayer cuando los republicanos impusieron su mayoría para ampliar la investigación sobre Bill Clinton a las presuntas irregularidades de la financiación de su campaña electoral de 1996. La minoría demócrata del comité y la Casa Blanca protestaron por esa ampliación, que, en su opinión, prueba que los republicanos no encuentran en el caso Lewinsky razones suficientes para iniciar el proceso de destitución de Clinton.

"El comité", dijo Joe Lockhardt, portavoz de la Casa Blanca, "ha sido secuestrado por los extremistas". Pero los republicanos arguyeron que el pleno de la Cámara de Representantes, en su votación del 8 de octubre, autorizó explícitamente al comité a husmear cualquier tipo de conducta delictiva relacionada con el presidente. Si ése fue el argumento oficial, el trasfondo de la decisión fue el enfado republicano por dos hechos recientes.Uno es la segunda negativa de Janet Reno, fiscal general del Estado, a nombrar un fiscal independiente que averigüe si el vicepresidente Al Gore cometió delitos al efectuar llamadas telefónicas desde la Casa Blanca para recaudar millones de dólares para la campaña presidencial demócrata de 1996. Reno tiene que adoptar en los próximos días una decisión sobre qué hace respecto al papel de Clinton en esa recaudación, pero los republicanos anticipan que dará carpetazo al asunto.

El otro motivo de enfado republicano es la respuesta escrita facilitada por Clinton el viernes a las 81 preguntas sobre el caso Lewinsky que le hizo el comité de Asuntos Judiciales. Clinton volvió a negar haber mentido al negar que sus relaciones con Lewinsky fueran sexuales. Esa actitud de Clinton, que obedece a su deseo de no confesar un delito por el que podría ser juzgado por los tribunales al abandonar la Casa Blanca, bloquea la posibilidad de que los congresistas republicanos más moderados alcancen un acuerdo con los demócratas y la Casa Blanca para que el Legislativo abandone la vía del impeachment (destitución presidencial) y opte por una censura simbólica del presidente. Los republicanos que no quieren embarcarse en la aventura del impeachment creen que la condición para que el presidente reciba un castigo menor es que se declare culpable.

El comité de Asuntos Judiciales, cuyos miembros pertenecen a las alas más radicales de los partidos republicano y demócrata, protagonizó ayer una nueva jornada de tensión. Al tiempo que escuchaban a varios testigos que recordaron la gravedad del delito de perjurio, los congresistas discutieron sobre la ampliación de su investigación.

Por 20 votos republicanos frente a 15 demócratas, el comité decidió incorporar a sus pesquisas la financiación de la campaña que condujo a la reelección en 1996 de Clinton y Gore. El presidente y el vicepresidente son sospechosos de haber usado ilegalmente dormitorios, teléfonos y personal de la Casa Blanca para recaudar dinero. El FBI también cree que, además de varios empresarios extranjeros, el Gobierno de la República Popular China aportó dinero a esa campaña.

El comité aprobó citar como testigos a Louis Freeh, director del FBI, y Charles LaBella, fiscal federal. Ambos hombres ya recomendaron el pasado año a Reno que nombrara un fiscal independiente para investigar a Clinton por este asunto. En su opinión, existen indicios racionales de criminalidad.

El comité también envió citaciones a Clinton y Reno para que entreguen al Congreso todos los documentos secretos relacionados con este caso. El fiscal Kenneth Starr, por su parte, deberá remitir toda la información en su poder sobre el amigo de Clinton y recaudador demócrata John Huang, una figura clave en este caso.